Fuera de la discusión estrictamente económica, o en la que los factores técnicos se llevan buena parte de los argumentos (dólar, inflación, liquidación de exportaciones, importaciones), el tema que más agita a los argentinos es el de los planes sociales con los que el Estado asiste a los sectores más vulnerables.
Argumentos hay de todos los sectores. La necesidad que debe ser atendida de gente que no tiene la culpa de que las sucesivas crisis las hayan hundido en la pobreza, hasta la indignación por sostener “con la mía” a personajes como Mariana Alfonzo, la mujer que se hizo viral reclamando su derecho de “vivir al pedo” mientras cobra planes y afirma que el hecho de que los otros sí trabajen “es problema de ellos, que son unos boludos”.
El tema es grieta también dentro del oficialismo, que se ahondó cuando Cristina Kirchner exclamó a viva voz que “el peronismo es dar laburo, no planes”, al tiempo que reclamaba la descentralización de la ayuda social para sacarla de las manos de las organizaciones sociales y eficientizarla poniéndola en la órbita de los distintos estados, nacional, provinciales y municipales.
Un sector que aporta con mucho esfuerzo a la seguridad social de los demás es, sin dudas, la clase media, el sector económicamente activo más numeroso que paga impuestos religiosamente por lo que gana y por lo que consume. Con un esquema impositivo que no le permite eludir la presión fiscal como sí pueden hacer algunos poderosos, la solidaridad, poco a poco y de la mano de la crisis, se fue volviendo indignación.
Un estudio elaborado en conjunto por las consultoras Grupo de Opinión Pública (GOP) y Trespuntozero, con 1.800 casos relevados entre el 1 y el 11 de julio (mayores de 16 años con Smatphone o PC hogareña), ubicó en casi el 80% a aquellos que están poco o nada de acuerdo con los planes sociales y sólo algo más de un 18% los que están poco o muy de acuerdo con ese tipo de asistencia.
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Matizando, se puede observar que 41% consideró que el Gobierno debería eliminarlos y el 28,5%, que tendría que reducirlos. Un 25,7% opinó que el gobierno nacional tendría que controlar los que ya existen, y el 3,1% pidió el incremento de las asignaciones.
Cuando se les preguntó a los consultados con qué palabra asociaban los planes sociales, los términos más referidos fueron “vago”, “vagancia”, “robo”, “ayuda”, “trabajo social”, “corrupción”, “planes” y “clientelismo”.
(Fuente: Tiempo de San Juan)
