Era previsible que el senador peronista por San Juan, Sergio Uñac, votara en contra de la Ley Bases, alineándose con su bloque en la Cámara alta. Sin embargo, existía cierta incertidumbre sobre su postura respecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la misma ley.
Finalmente, Uñac se opuso también a este artículo, a pesar de que el oficialismo introdujo algunas modificaciones de último momento con la intención de atraer más votos. Estos cambios no fueron suficientes para obtener el apoyo del senador sanjuanino.
En el ámbito empresarial local había cierta expectativa de que Uñac respaldara el RIGI, especialmente considerando que la camporista María Celeste Giménez ya había anticipado su voto negativo. En contraste, el senador libertario Bruno Olivera votó a favor de la Ley Bases tanto en general como en particular.
Las modificaciones aprobadas en el RIGI incluyen una redefinición en el artículo 165, que ahora se centra en sectores específicos como forestoindustria, infraestructura, minería, energía y tecnología, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
Un aspecto relevante para los proveedores locales es el compromiso de destinar al menos el 20% del monto total de inversión a ellos, siempre y cuando las ofertas estén disponibles y sean competitivas en términos de precio y calidad. Este porcentaje mínimo deberá mantenerse durante las fases de construcción y operación de los proyectos.
Otra modificación significativa se encuentra en el artículo 196, que ajusta los incentivos cambiarios. La obligación de liquidación en el mercado de cambios se aplicará a las divisas provenientes de exportaciones generadas por los proyectos. Este requisito será del 20% después de dos años, del 40% tras tres años y del 100% a partir del cuarto año desde el inicio de la inversión.
Para las exportaciones declaradas como «Exportación Estratégica de Largo Plazo», los plazos se computarán de la siguiente manera: 20% luego de un año desde la puesta en marcha de los Vehículos de Proyecto Único (VPU), 40% después de dos años, y 100% tras tres años.
El artículo 205 también sufrió modificaciones, permitiendo que las acciones, cuotas o participaciones sociales de los VPU adheridos al RIGI sean objeto de garantía sin necesidad de autorización previa de la autoridad de aplicación. Esta medida, destinada a facilitar la financiación, establece que cualquier prenda, cesión en garantía, fideicomiso o negocio jurídico de garantía deberá ser informado a la autoridad correspondiente dentro de los quince días posteriores a su realización.
(Fuente: Diario Movil)
