El dueño del edificio donde funciona la sede central de PAMI, Jorge Castán, inició acciones legales contra la obra social luego de que se venciera el contrato de alquiler en septiembre del 2022. Desde ese momento, no cobra la renta mensual, generando una deuda que alcanzaría los $35 millones. Hubo dos audiencias en la Justicia Federal, la primera fracasó pero en la segunda hubo un diálogo más fluido con las nuevas autoridades, según consignó el propio Castán. De igual modo, la causa por el desalojo sigue su curso. Anticipan que si se firma un nuevo contrato y se paga la deuda, PAMI no deberá trasladarse a otro edificio y dejar la emblemática sede de calle Mendoza y Córdoba.
Según indicaron fuentes libertarias, el director de PAMI, Rafael Claros, no había sido informado de la deuda por las autoridades salientes. Recibió una orden judicial de desalojo por parte de la Justicia Federal. Es que el reclamo del propietario viene de vieja data e inició las acciones legales pertinentes. La deuda con intereses ascendería a $35.000.000 y responden a 19 meses de alquiler impagos.
«En septiembre del 2022 se venció el contrato de alquiler, fue al mismo tiempo que asumió Sergio Massa como Ministro de Economía. Me tuvieron a las vueltas y no me pagaban el alquiler ni firmábamos otro contrato. En ese período, la delegación de PAMI de San Juan se queda sIn abogado, sin representante legal, por lo que el diálogo resultaba más complejo y recibía propuestas de alquiler cinco meses después de que las enviaba, por lo que siempre estaban desactualizadas. Inicié una causa en el Juzgado Federal para desalojar el edificio, que le alquilamos a PAMI desde 1977», detalló el hombre.
La Justicia Federal convocó a dos audiencias. La primera fue un fracaso rotundo. No hubo contrapropuesta según Castán. La segunda se dio recientemente. Participó el propietario, que es abogado; el interventor del PAMI, Rafael Claros y el nuevo abogado de la obra social, Mariano Aguilar. «Quedamos que la causa seguía, yo conozco los tiempos de la Justicia, así que si me pagan y celebramos un nuevo contrato, levanto la acción judicial», añadió el hombre.
La sede de Capital no sería la única delegación de PAMI con problemas judiciales en la provincia. También se estaría replicando el panorama en Caucete, donde también el Gobierno Nacional alquila un salón para la mega obra social.
En el 2019, el entonces electo presidente Alberto Fernández le dio a la cúpula de La Cámpora lugares claves dentro del organigrama de gobierno. Luana Volnovich se quedó con PAMI central y en San Juan nombraron como coordinador general a Juan García Espinoza, un joven de 27 años de edad en aquel momento. El otro organismo que comandó la organización que continúa liderando Máximo Kirchner fue ANSES, con Pablo Ruiz, presidente de La Cámpora San Juan. El destino de ambos dirigentes tras la victoria de Javier Milei encuentra hoy a Ruiz trabajando como asesor de la senadora Celeste Giménez, en pareja con Juan García, a quien no se le conoce un lugar dentro de la estructura estatal –por ahora-.
En San Juan hay 72.000 afiliados y cada convenio es fundamental para el funcionamiento del sistema. En ese contexto, Claros adelantó a este diario que empezaron un proceso de reorganización, pero aún faltan cuestiones por definir. “Si bien no está desbordado, tenemos muchas cosas por mejorar”, reconoció el profesional.
El potencial desalojo no sería una realidad solo en San Juan. Según publicó la Voz del Interior el 19 de marzo, la sede de PAMI de Río Cuarto está al borde de ser desocupada. Aparentemente el contrato de alquiler por el inmueble ubicado en el barrio Centro se venció el 31 de octubre del 2022. La propietaria acudió a la Justicia Federal, demandó a PAMI y aseguran que está a punto de salir una cautelar que complica a la obra social local. Ahora se espera que el juez Carlos Ochoa dicte como medida cautelar ese desalojo.
(Fuente: Tiempo de San Juan)
