Fiscalía definirá hoy si investiga a un dirigente por coacción y alterar el orden

855

La Unidad Fiscal Delitos Especiales ya tiene en su poder la denuncia que hicieron desde el municipio 9 de Julio contra un dirigente social, el que obligaba, a través de un audio, a los integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) a participar de una protesta en el edificio comunal, bajo la presión de que los que no concurrieran perderían sus planes sociales, los cuales serían de origen nacional. Fuentes judiciales indicaron que los representantes del Ministerio Público definirán hoy si abren una investigación contra un hombre que fue identificado en el escrito como Abel Peralta. Todo indica que se dispararía la causa, bajo las figuras, en principio, de coacción y un tipo de atentado contra el orden público. La conjugación de ambas calificaciones establece una escala que va de tres a ocho años de prisión en caso de que hubiese una condena, cuyo mínimo permitiría un castigo en suspenso, aunque se pondría en juego la gravedad del hecho. Si se comprobase que la amenaza tuvo como objetivo la obtención de una concesión por parte de un funcionario público, las penas se endurecen, ya que van de cinco a diez años de cárcel de cumplimiento efectivo.

El intendente de 9 de Julio, Gustavo Nuñez, fue el que dio la instrucción a su equipo para que radicara la denuncia, dado que «no hay que aprovecharse de la gente en esta situación. Hacer marchas y movilizaciones no es un trabajo». Las definiciones obedecen a que, en los audios que se viralizaron, Peralta destacó que «la idea es que nos juntemos todos a las 9 (por ayer) en el municipio y ver qué respuesta nos da el intendente», que los «quiero a todos los de la organización. No me empiecen con excusas, con que no quieren ir. No vayan, pero, después, cuando yo cargue para los planes, no me digan «a mí por qué no me cargaste». No fue lo único, ya que hizo hincapié en que «el único trabajo que tienen ustedes es solamente ir a las marchas», entre distintos aprietes.

Fue así que ayer mismo, el secretario de Gobierno, Paulo Camargo, radicó la denuncia en sede policial, la cual fue derivada a la UFI Delitos Especiales. El intendente, además, contó que en la movilización se reunieron unas 300 personas sobre calle Diagonal Sarmiento y que mantuvo un encuentro con Peralta, quien le pidió por módulos alimentarios. El jefe comunal indicó que, para ese tipo de ayuda, los interesados se deben empadronar y cumplir una serie de requisitos, ya que se trata de fondos que recibe del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, por los que debe rendir cuentas. Además, remarcó que «no hace falta ni movilización ni protesta», ya que «el municipio está abierto para todos y no hay ningún tipo de privilegio para nadie».

En la denuncia se indica que el MTR «abarca los departamentos 25 de Mayo, Caucete Chimbas, Rawson, Santa Lucía y Pocito», cuyos miembros debían participar de la movida en 9 de Julio porque «es muy importante que empecemos a pedir en la provincia», manifiesta Peralta, a lo que agrega en otro tramo del audio que circuló que «tenemos que empezar a hacer marchas colectivas para obtener en los municipios».

Así, todo indica que los planes que ya recibe la organización social vendrían de Nación.

Pruebas

En Fiscalía analizarán los audios que se viralizaron y deberán decidir si abren una investigación previa o, con los elementos que tienen, hacen la formalización de la investigación penal preparatoria, en la que directamente le imputan al sospechoso hechos delictivos.