Ahora, la mujer anuló el trámite para la IVE en la Obra Social Provincia

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El escrito se presentó a última hora del miércoles, pero trascendió ayer. Lleva los datos y firma de la mujer y hace referencia al expediente que inició hace poco más de una semana, en el que había solicitado a la Obra Social Provincia (OSP) que cubra la práctica de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En este caso, el pedido es para darle de baja a ese trámite. La presentación del documento fue confirmada por fuentes calificadas. El planteo va en línea con lo que había solicitado su marido, quien también se había arrepentido ante la obra social, ya que había sido el primero que hizo el pedido para que se realice un aborto legal a favor de la mujer. El caso, que ha tenido varios vaivenes, salió a la luz porque el hombre lo expuso en un medio radial y luego, a través de sus abogados, acudió a la Justicia con una cautelar para frenar la interrupción del embarazo, la cual fue rechazada.

Las identidades de ambos se reservan debido a lo sensible de la causa y porque los dos tienen hijos con otras parejas, sumado a que a la mujer le asiste el derecho a la confidencialidad,

Con la presentación del documento, se abren varios escenarios. El primero es que la mujer se arrepintió de la medida y decidió seguir con el embarazo. El segundo es que le solicitó a la OSP dar de baja a la cobertura, pero la Interrupción Voluntaria del Embarazo igual se habría producido, la que habría sido costeada por la propia mujer. El tercero es que, pese a la presentación del escrito en la OSP, todavía tenga intenciones de llevar adelante el aborto en otro ámbito, público o privado. Una cuarta opción, más improbable y grave porque implicaría un delito, es que alguien falsificó el documento para hacerle creer a la OSP que la mujer dio marcha atrás. Un punto clave es que, como el expediente para conseguir la interrupción del embarazo se inició el 20 de este mes, la obra social tiene hasta hoy para definir si la cobertura sanitaria le corresponde por tratarse de una afiliada indirecta, ya que el titular es su marido y ella es adherente. Cabe aclarar que, si bien continúan casados, la relación entre ambos está rota, al punto de que el hombre le dijo a este medio que iniciará los trámites de divorcio.

Por otro lado, ayer también se confirmó que los abogados del hombre, Mónica Lobos y Martín Zuleta, presentaron el recurso de apelación contra la sentencia de la jueza Amanda Días, del Juzgado Civil Nº11, quien rechazó la cautelar que solicitó la suspensión de la interrupción del embarazo. La magistrada había entendido que la prueba presentada fue «insuficiente» y que el escrito no cumplió «con los presupuestos exigidos por el Código Procesal Civil». Además, la jueza había criticado a los profesionales al indicar que no acreditaron que la mujer tuviera la voluntad de llevar adelante la interrupción voluntaria de su «supuesto embarazo» e, incluso, le llamó la atención la «conducta relajada» y la «pasividad procesal» de los abogados, quienes, pese a la urgencia que esgrimían, no retiraron unos escritos del juzgado para presentar en una serie de instituciones, con los que se buscaba determinar si la mujer había o no abortado.

En el recurso de apelación, Lobos y Zuleta, apuntaron con dureza a la jueza al indicar que dictó la medida «sin haberse dado intervención al Asesor de Menores, siendo que, con la medida cautelar, se persigue la protección de los derechos de un niño por nacer». En esa línea, indicaron que «se ha violado gravemente el derecho de defensa» y que «niega arbitrariamente la existencia de presupuestos de hecho sin valorar la prueba» y «limita la validez probatoria de instrumentos públicos».

Incompetencia

Los abogados Lobos y Zuleta habían presentado una cautelar en el Primer Juzgado de Familia. La jueza Marianela López se declaró incompetente y la causa recayó en el Juzgado Civil Nº11, a cargo de Amanda Días. Si la apelación es aceptada, será la Cámara Civil la que deberá definir si el planteo de los profesionales tiene curso.

Fuente: Diario de Cuyo