En los próximos días, el Ejecutivo enviará un proyecto de ley para regular la contratación en minería de proveedores locales y trabajadores, tanto generales como profesionales. El texto surgió de un acuerdo entre el sector público y el privado. La norma, que todavía debe aprobar Diputados, regulará no sólo que el mínimo de 20% de contratación local que pide el RIGI sea de empresas sanjuaninas, sino también que cada vez haya más impacto en la economía local. Les exigirán un plan de desarrollo de proveedores, que todos los años debe ir mejorando. Además, por primera vez alcanzará a grandes contratistas además de mineras.
En su discurso anual, el gobernador Marcelo Orrego anunció que iban a enviar un proyecto para regular la contratación de proveedores a la Cámara de Diputados. El texto está prácticamente listo, fue desarrollado por Producción y Minería, confirmó el ministro Gustavo Fernández. Lo trabajaron en reuniones con las distintas cámaras de proveedores, tanto provinciales como de los departamentos mineros. También le comunicaron los objetivos a la Cámara de Minería de San Juan.
El objetivo general de la norma, detalló Fernández, tiene que ver con que el desarrollo de los nuevos proyectos metalíferos impacte de forma positiva en la cadena de valor. Para eso no se centraron tanto en generar porcentajes de contratación, algo que regula el RIGI. El foco estuvo en la forma en la que trabajarán las grandes empresas con las firmas sanjuaninas y de las comunidades. Además, el funcionario dijo que este sector justifica estas regulaciones porque “los minerales son propiedad de la Provincia y se explotan a través de concesión”.
Una de las primeras medidas que tomarán será la definición de proveedores mineros locales. Desde Gobierno atendieron a uno de los reclamos que tenían los empresarios que es empezar a separar aquellas empresas que son de capitales locales, con personal sanjuanino e inversión en la provincia, de aquellas que no. Esta definición también distinguirá aquellos que son de San Juan en general como las que son de las comunidades. El objetivo es que los departamentos donde hay proyectos también puedan participar de forma competitiva.
La nueva ley no solo pondrá condiciones a las empresas operadoras mineras, también alcanzará a las grandes contratistas. Así, empresas tanto sanjuaninas como nacionales que venden bienes y servicios a las mineras y que son calificadas como medianas y grandes, deberán cumplir con contratación de proveedores y trabajadores de San Juan y las comunidades.
La metodología para medir el impacto local es novedosa. Fernández explicó que cada empresa minera o contratista grande, en todos los momentos de desarrollo minero desde la exploración al cierre de mina, deberán presentar un Plan de Desarrollo de Proveedores. Este plan debe fijar objetivos en el porcentaje de contratos locales, que según el RIGI deben ser en al menos un 20%, pero que en la mayoría de los proyectos locales en su DIA supera ampliamente este valor. Además deben dejar asentadas metas para el desarrollo de tecnología y capacidades y en cuanto a la contratación de mano de obra local.
El plan no tiene en cuenta sólo porcentajes, sino que también mide la calidad de cada una de las contrataciones, sea de proveedores o profesionales. El mismo será analizado por la autoridad de aplicación, en la que participan tanto especialistas de Producción como de Minería, junto a referentes del sector privado. Una vez al año debe ser renovado, siempre sumando nuevos objetivos que hagan crecer la participación y mejoras en las inversiones locales.
Fernández explicó que estos datos también serán públicos, lo que generará “una competencia entre las empresas para ver cuál tiene mejor impacto local”. También permitirá generar “políticas de desarrollo e inversión en las comunidades”. Es que, explicó, en la actualidad detectaron que muchas empresas no tienen en claro las necesidades de las empresas mineras y las pymes y emprendimientos no siempre ofrecen aquello que más necesita el sector. Con la nueva ley, esperan que no solo crezca la contratación, sino que cada vez haya más oferta especializada y de calidad de empresas sanjuaninas para el sector minero.
Fondos voluntarios
La ley también regulará las inversiones voluntarias que hacen las empresas en comunidades, para que sean acordadas con el Gobierno. Fernandez explicó que buscarán que estos fondos vayan a áreas estratégicas.
(Fuente: Diario de Cuyo)
