La decisión de YPF de instalar en Río Negro la planta de GNL que proyecta realizar junto a la petrolera malaya Petronas en desmedro de lo que era la opción de Bahía Blanca, dejó ciertos costos políticos que la oposición al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, buscará endilgarle en lo inmediato. Además de responsabilizarlo por la decisión de no haber adherido al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), ahora buscará que el mandatario provincial dé el brazo a torcer y eleve a la Legislatura un pedido para incluir a Buenos Aires en la adhesión explícita al régimen en cuestión o al menos esté la garantía de que el peronismo abra el juego para tratar algunos de los proyectos de la oposición que impulsan la adhesión al RIGI. También, están a la espera del envío de un proyecto de fomento provincial para las grandes inversiones.
Cuando el tema ganó la agenda pública, el Ejecutivo bonaerense anunciaba que enviaría a la Legislatura bonaerense el proyecto que “completaba” al RIGI y que aportaría estabilidad tributaria en la órbita provincial, que alcanzaba a los Ingresos Brutos, el impuesto inmobiliario y rural y el impuesto al sello. Fue en el fragor de las conversiones y negociaciones para retener la planta de GNL. El proyecto nunca se envió y la resolución del tema GNL fue conocida: YPF optó por Punta Colorada en Sierras Bajas, provincia de Río Negro.
Fue el propio Kicillof quien planteó que la decisión del directorio de la petrolera de bandera estuvo signada por la determinación política del presidente Javier Milei y que el presidente de YPF, Horacio Marin, acató la orden presidencial. Argumentó que haya, o no, adhesión al RIGI nada tuvo que ver en cómo se resolvió la cuestión y que el RIGI ya está vigente en la provincia de Buenos Aires una vez que se aprobó la Ley Bases.
Sin embargo, ese fundamento carece de sustento para los bloques opositores en la provincia de Buenos Aires. Tanto en el PRO, el sector del radicalismo más duro, la Coalición Cívica y los diversos espacios libertarios incitan en que el Ejecutivo debe adherir al RIGI.
El plan de todos estos sectores es que Kicillof adhiera. “Nosotros vamos a seguir pidiendo la adhesión al RIGI. Ya perdimos la inversión de YPF y Petronas, pero no podemos dejar pasar futuras inversiones que van a llegar seguramente a partir del RIGI”, planteó a Infobae el presidente del bloque PRO en el Senado bonaerense, Alejandro Rabinovich.
“Desde que Milei es presidente, la agenda de Kicillof en la Legislatura es para hablarle al peronismo y para quedarse con la candidatura en 2027″, consideró el legislador por la Quinta sección electoral detallando que “está la ley de indemnizaciones, el proyecto de emergencias de salud, la creación de laboratorios, la ley de góndola y su decisión de no adhesión al RIGI; mientras tanto las inversiones nos pasan por el costado gracias al posicionamiento ideológico de Kicillof”. También deslizó que con respecto al régimen propio de la provincia de Buenos Aires que “nunca nos hicieron llegar ni un borrador del proyecto”.
En Diputados también hay intenciones de plantear el tema en las próximas sesiones. Por lo pronto es probable que la Cámara baja bonaerense convoque a sesionar para la semana entrante. Será una sesión sin temas estructurales. Sin embargo, diferentes bloques pedirán nuevamente por la adhesión al RIGI. El tema por la planta de GNL será recurrente, afirman en los campamentos libertarios y del PRO, que hoy por hoy asoman como la oposición más dura a las decisiones de Kicillof. Una bandera discursiva.
A la par, en el Ejecutivo bonaerense admiten que insistirán con el proyecto de Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas; rotulado como un RIGI bonaerense. Se trata del proyecto que Kicillof anunció el pasado 15 de julio, que estaba a cargo del ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, pero que hasta ahora no fue enviado a la Legislatura. Los bloques opositores lo esperan para debatirlo. En principio, lo acompañarían siempre y cuando incluya una adhesión al RIGI nacional.
En Diputados, el presidente del bloque PRO, Agustín Forchieri, había presentado un proyecto de ley para que Buenos Aires adhiera al Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones tal como lo hizo Río Negro. Misma iniciativa empujaron en la Cámara baja el represente del bloque Libre, Guillermo Castello y de La Libertad Avanza, Agustín Romo. En el Senado se dio la misma secuencia.
Mientras tanto, la agenda legislativa del peronismo pareciera ir por otros andariveles. Esta semana, Unión por la Patria consiguió dictamen en la comisión de Trabajo y Legislación Social del Senado bonaerense al proyecto que actualiza las indemnizaciones por despidos. Fuentes legislativas aseguran que se le buscará dar celeridad a la iniciativa en las próximas semanas para intentar llevarlo al recinto.
En la Cámara alta también se le asignó comisión al proyecto de Ley de Góndolas, otra iniciativa que giró Kicillof el mes pasado, con la cual busca -según el proyecto- dotar de competitividad a las Pymes bonaerenses y que lleguen cadenas de supermercados para descomprimir la concentración de marcas de productos alimenticios. Empezará su recorrido desde la comisión de Usuarios y Consumidores que preside la legisladora peronista, Gabriela Demaría.
