Además del poroteo legislativo por la Ley Bases, los libertarios tienen un ojo puesto en el calendario de mayo. Los tiempos están apretados por el límite que fijó el propio Javier Milei en la Asamblea Legislativa, cuando dijo que el Pacto del 25 no podía firmarse hasta tanto no fuera aprobado su proyecto fundacional. Sin embargo, el paquete aún debe pasar por el recinto de Diputados, enviarse al Senado, obtener dictamen de las inciertas comisiones de la Cámara alta y ser debatido en el hemiciclo, y en el Gobierno reina una sensación de apremio.
El cronograma está extremadamente apretado, admitieron tanto en la Casa Rosada como en los bloques libertarios del Congreso. En ambas terminales del oficialismo hacen cuentas con los días y las fechas a sabiendas de que el lunes, cuando empiece a debatirse el proyecto en el recinto de Diputados, les quedarán sólo 20 días hábiles antes del 25 de mayo.
El margen es muy estrecho para acceder a pedidos cambios que provoquen retrasos. Obligados, diseñaron un plan para lograr la deseada victoria legislativa a tiempo, condición indispensable para demostrar gobernabilidad a los inversores. La semana que viene, que arranca el lunes 28 de abril, planean aprobar el proyecto en Diputados. La siguiente, que empieza el lunes 6, terminar de convocar a las comisiones para obtener dictamen en el Senado. Y la del 13 sería destinada al debate en el recinto. Pero aún si los tiempos salen como están previstos; si no se cometen errores y si no se ven acorralados por jugadas adversas de último momento de parte de la oposición, sólo tendrán una semana para sumar adhesiones para la gran cita política, que califican como el “punto de partida” de la nueva administración.
De todas formas, en la administración nacional se cuidan de pasar factura a Milei por acotar a dos meses los plazos para aprobar el controvertido paquete de leyes. “Estamos muy al filo, sí. Pero si Javier no restringía con un límite o no ponía este deadline, estos te estiraban hasta el infinito”, dijo un diputado libertario de peso, en referencia a los opositores “aliados” que ya demostraron poder para “correr el arco” en innumerables ocasiones. “Los tiempos están justos, pero dentro de los plazos”, acotaron en la sede del Gobierno.
Si bien deslizaron que es una posibilidad que el Pacto de Mayo se firme sin que esté sancionada la ley Bases, no lo consideraron un escenario deseable. “No tiene mucho sentido sentarse a discutir un plan de largo plazo si no pudimos consensuar lo más básico que pedimos”, dijo un funcionario en Balcarce que, sin embargo, agregó: “Conociendo a Karina y a Javier, se hace igual, pase lo que pase y estén los que estén”.
En alerta, el brazo político del Gobierno -constituido por el ministro del Interior, Guillermo Francos y su vice, Lisandro Catalán; el asesor Eduardo “Lule” Menem, que responde a Karina Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, su segundo, José Rolandi-, dio instrucciones a los bloques libertarios de maniobrar con el reglamento en ambas Cámaras para acelerar lo más posible el proceso. Saben que el poder de acción con el que cuentan frente al PJ y el kirchnerismo es muy acotado y están preocupados, en particular, por los siete días que deben respetarse entre un dictamen y el debate en el recinto según las reglas de la Cámara alta.
En Diputados pudieron pasar ese requisito por alto: hubo dictamen ayer y el mismo día, el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, a través del secretario parlamentario, Tomás Figueroa, convocó a una sesión especial para cuatro días después. En el Senado, no obstante, podrían vérsela más complicada. “Los senadores son extremadamente normativistas. El reglamento se puede exceptuar con voluntad política, y se ha hecho. Pero no es fácil forzarlo siendo minoría. Cristina (Kirchner) lo manejaba de taquito, nosotros tenemos otros límites”, dijo un referente libertario legislativo sobre el poder real de la presidenta previsional del Senado, Victoria Villarruel.
Confían a medias en el “bloque de los 39″ que logró reunir la vicepresidenta para hacer funcionar el cuerpo, diezmado por los cruces de las últimas semanas con la UCR. De hecho, la semana que viene el -muy crítico- senador radical Martín Lousteau logró las firmas suficientes para convocar a una sesión especial para debatir el presupuesto universitario, un tema en extremo espinoso para el oficialismo después de la masiva marcha del martes contra el ajuste en el ámbito educativo público. “Eso corre en paralelo”, se atajaron en Gobierno.
No es la única complicación. La semana que viene estará atravesada por la manifestación de la CGT y sectores de la izquierda por el Día del Trabajador, y los sindicatos podrían usar la fecha para introducir mayor presión contra la reforma laboral a pesar de la disposición del oficialismo para remover los puntos más polémicos, en especial la eliminación de la cuota sindical.
Con extrema cautela para no ensuciar las delicadas negociaciones por la ley Ómnibus con los gobernadores y el radicalismo, Innovación Federal y el PRO, Guillermo Francos no les llevó aún el tema del 25 de Mayo, y mucho menos pidió asegurar presencias. “No hay que adelantarse”, repiten en Gobierno. Sin embargo, no descartaron que el ministro político empiece a introducir el acuerdo en la instancia de discusiones en comisión. “Como estrategia tiene sentido empezar a deslizarlo, no es necesario esperar a que se apruebe Bases para, aunque sea, empezar a hablarlo”, dijeron, con evidente prisa.
En la semana del lunes 22, cuando falten días para el acto en Córdoba, podría programarse una reunión entre el Ministro de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, -o alguno de sus secretarios, como el de Finanzas, Pablo Quirno- y sus pares de las provincias. Ese encuentro estaba planeado como paso previo al debate legislativo, pero el Gobierno decidió reprogramarlo para darle sustento técnico a los 10 puntos que presentó Milei el 1ro de marzo en la apurada preparación del virtual pacto. Todavía no está claro si dispondrán del tiempo suficiente para llevarlo a cabo, o si deberán lanzarse a una convocatoria sin lugar para demasiado preámbulo.
