Una de las primeras decisiones del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, fue la desvinculación de alrededor de 5.000 trabajadores del Estado. La argumentación fue que los empleados habían sido incorporados en los últimos meses de gestión de Sergio Uñac o no cumplían con los seis meses de antigüedad necesarios para ser pasados a planta permanente, reglamentación planteada en el artículo 46 de la Constitución Provincial. Luego de cuatro meses de análisis, el Gobierno reincorporó a casi 2.000 cesanteados. Ante esto, el secretario del Sindicato de los Empleados Públicos (SEP), José Díaz, manifestó que si bien celebra esta reincorporación, la decisión de despedir gente se tomó de forma muy apresurada y se podría haber evitado sufrimiento.
El Gobierno provincial, a través del decreto N.º 33, anunció la reincorporación de 860 trabajadores, a los que se le suman alrededor de 1.100 anteriormente restituidos. Por ende, solo quedarían alrededor de 3.000 de los 5.000 dados de baja originalmente el 11 de diciembre del 2023, entre aquellos incorporados en los últimos nueve meses y los que no cumplían con seis meses necesarios para ser de planta permanente. Cabe destacar que la desvinculación hizo que miles de familias pasaran un fin de año sumamente complejo.
La reincorporación de los 860 trabajadores se da gracias a que están amparados por la Ley N.º 2.440. Esta legislación fue aprobada en el 2022 y permitía el pase a planta permanente de aquellos empleados ingresados hasta el 2018, lo cual actúa como excepción al artículo 46 de la Constitución Provincial.
“Ningún empleado de la Provincia con más de seis meses consecutivos de servicio, puede ser separado de su cargo mientras dure su buena conducta, su contratación y eficiencia para la función encomendada, a excepción de aquellos para cuya designación o cese se hubieren previsto normas especiales por esta Constitución o por las leyes respectivas”, indica el artículo Nº 46.
Ante esto, Díaz indicó que esta situación de los trabajadores exceptuados a la norma general fue debidamente notificada a Orrego. Sobre todo aquellos que formaban parte de la ley aprobada en el 2022. Al ver que no había respuesta, tomaron la decisión de recurrir a la Justicia.
“Si bien la Constitución Provincial especifica que los empleados deben tener más de 6 meses de antigüedad para ser pasados a planta permanente, también especifica que esta condición se puede eliminar si existían leyes especiales como lo es la 2.440. Al existir esta ley, nosotros iniciamos los procedimientos legales”, explicó.
El secretario general del SEP indicó que están a la espera que haya una nueva reincorporación, de los empleados amparados bajo la Ley 1.116-A. Esta legislación fue aprobada en el 2011 y facultaba al Poder Ejecutivo a “cubrir cargos vacantes con quienes están desarrollando funciones a través de contratos de servicios de colaboración para el Poder Ejecutivo provincial sobre una base de justicia, mérito y transparencia que garantice una prestación continua y eficiente del servicio”.
Con esta incorporación pendiente, según Díaz solo quedarían aproximadamente 880 desvinculados. Son aquellos que forman parte del escalafón general, dado que tampoco se podía cesantear a trabajadores esenciales de salud, educación y seguridad.
“Esta acción judicial nos permite pasar a la historia y fundamentalmente por haber defendido al trabajador. Cuando a la gente le dicen que se queda sin trabajo es otra cosa. Muchos habían renunciado a otros trabajos para trabajar en el Estado, otros tenían 15 años de antigüedad y otros habían concursado, pero sus decretos no habían sido sacados. Pero ha habido errores básicos que se le explicaron al gobernador, como por ejemplo haber desvinculado a personal de salud, educación y seguridad”, dijo Díaz al respecto.
De esta forma, es más que claro que hubo una decisión apresurada por parte del Ejecutivo provincial al cesantear a estos trabajadores, dado que había leyes especiales que los amparaban a ser pasados a planta permanente en los últimos nueve meses.
(Fuente: Diario Huarpe)
