El Gobierno encontró una fórmula que puede destrabar la paritaria del Sindicato de Camioneros y otros acuerdos que hayan superado la pauta definida por el Ministerio de Economía: en la Secretaría de Trabajo confirmaron que finalmente homologarán el aumento del 45% otorgado en febrero al Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), hasta ahora sin convalidación oficial, ante la decisión del sindicato de pactar incrementos del 10% para marzo y del 4% para abril, que están en sintonía con las previsiones inflacionarias descendentes.
“Más allá de las diferencias políticas, destacamos el gesto del sindicato de acompañar el camino de una inflación a la baja”, afirmó a Infobae un vocero oficial acerca de la paritaria bimestral firmada por Víctor Santa María, titular del SUTERH, y la Unión de Administradores de Inmuebles, la Cámara de la Propiedad Horizontal y la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal.
En el caso del Sindicato de Camioneros, el Gobierno advirtió que no homologará el último acuerdo rubricado con los empresarios, que consiste en un aumento salarial del 45% en dos tramos, 25% en marzo y 20% en abril. ¿Quiere decir que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, podría avalar esa paritaria si el sindicato acepta negociar el próximo incremento con cifras acordes a una inflación en descenso? El problema, nada menor, es que este convenio está “en revisión jurídica” por parte de los funcionarios de Trabajo para resolver las impugnaciones presentadas por un sector empresarial.
Aun así, habrá que seguir de cerca los pasos de Camioneros, que convocó para este jueves a un plenario de trabajadores para decidir una medida de fuerza en protesta por la no homologación de la paritaria. De todas formas, Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio, pasó de la amenaza de realizar un paro desde este lunes donde no se iba a “mover ni una hoja ni una pluma en el país” a postergar la medida hasta que se hiciera el plenario. Incluso habló primero de un probable paro de 48 horas y más tarde dijo que allí podría decidirse una movilización hacia la Plaza de Mayo.
Mientras la paritaria sigue trabada, el titular de la Federación de Trabajadores Camioneros, Hugo Moyano, invitó a los empresarios del sector a reunirse el jueves 11 para hablar sobre el nuevo aumento salarial, aplicable desde el 1° de mayo. Allí podría haber señales en favor o en contra del alineamiento del sindicato a la pauta salarial “antiinflacionaria” que fijó el Gobierno.
La Casa Rosada apuesta a debilitar la intransigencia de los Camioneros mediante el cierre de paritarias que están en sintonía con los límites puestos por Economía (del 15% para marzo y del 9% para abril). El primer paso lo dio el viernes pasado el dialoguista Sindicato de Comercio, que lidera Armando Cavalieri: cerró un acuerdo salarial para un trimestre (marzo, abril y mayo) que consiste en un aumento de una suma fija de 40 mil pesos para marzo, un 8% para abril y un 7% para mayo, porcentajes que encajan en las previsiones de una inflación a la baja que maneja el ministro Luis Caputo.
El Sindicato Obrero del Caucho, Anexo y Afines (SOCAYA), que lidera José Pasotti, también firmó con los empresarios un acuerdo a tono con la expectativa oficial: un 15% para marzo que permitirá que el salario mínimo garantizado para los trabajadores del sector alcance los $500.426.
El aumento pactado por el SUTERH para febrero, de todas formas, no presenta las mismas características que el de Camioneros, ya que este acuerdo salarial, aunque no fue homologada por la Secretaría de Trabajo, fue ratificado en un acta conjunta con las tres cámaras del sector.
En ese caso, el sindicato que lidera Santa María apeló a lo establecido en la Ley 23.546, que fija las normas de procedimiento para las convenciones colectivas de trabajo: si a 30 días de declarado el acuerdo no hay homologación oficial, se lo considerará “tácitamente homologado”. Esta figura no se aplicó para los Camioneros porque primero deben resolverse las impugnaciones de empresarios.
La última paritaria firmada por los Moyano se complicó por una interna en una de las cámaras, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC): cuatro entidades del interior (Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza y San Juan) impugnaron el convenio ante Trabajo al considerar que se incorporaron “de manera inconsulta” el pago de adicionales y de un aporte extraordinario para la obra social, de $10.000 mensuales por trabajador, cuyo pago “termina favoreciendo a las grandes empresas y afecta a todas las pymes del país”.
