El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, decidió apenas asumió dar de baja todos los ingresos a planta permanente al Estado provincial que incumpliera la norma de Fin de Mandato y Responsabilidad Fiscal. Debido a esto, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) presentó un amparo para que la Justicia lo revierta. Pero, el magistrado del Primero Civil, Héctor Rollán, determinó desestimar la acción.
El juez indicó en su decisión que el reclamo que realizó el gremio estatal no lo hizo por la vía idónea y por lo tanto se sostiene la decisión del Gobierno de dar de baja a casi 5.000 empleados públicos que ingresaron en el fin del mandato de la gestión anterior que encabezó Sergio Uñac.
Ahora, los que hicieron la presentación judicial deberán decidir si insisten luego que se termine la feria judicial en el juzgado que corresponda, o desistirán de los reclamos tras la decisión del magistrado Rollán.
El amparo
Desde la sede del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), el abogado Daniel Lisandrello dio cuenta de los amparos presentados en la Justicia. Sobre esto, el letrado afirmó que “no se respetaron pasos administrativos en este decreto”.
La Justicia no analizó si los pasos administrativos se respetaron o no, como indicó el abogado, pero sí definió que no corresponde suspender la medida de gobierno por esa cuestión.
El decreto que firmó Orrego
El gobernador ha tomado decisiones firmes para el cumplimiento estricto del artículo 46 de la Constitución Provincial, la Ley de Responsabilidad Fiscal y Ley de Emergencia Económica, que establecen la prohibición de realizar nombramientos en los seis meses previos al término del mandato, habida cuenta de la situación económica que atraviesa el país y del que nuestra provincia es parte. El Estado no puede incorporar miles de personas a la administración pública, incrementando el gasto y poniendo en riesgo las finanzas de la provincia.
En consonancia con la reducción del 30% de los cargos políticos anunciado en el día de ayer, estas nuevas medidas consisten en la baja de contrataciones, renovaciones y pases a planta permanente de personal contratado realizada en los últimos meses del mandato anterior.
Además, se invalidaron las extensiones de contrato que se realizaron con la gestión anterior. Todo esto se completó con la conformación de una Comisión Evaluadora que está revisando los casos puntuales para garantizar los derechos de los mismos.
Dato
Los estatales, apoyado por el SEP, que realizaron el amparo deberán hacerse cargo de las costas del proceso.
(Fuente: Diario Huarpe)
