El kirchnerismo aprovechó el empujón que le dio Juntos por el Cambio al debate por la modificación de la ley de Alquileres y arremetió con otros temas relacionados que generan discrepancias en el bloque opositor.
Por eso hoy por la tarde comenzó el debate en la comisión de Presupuesto y Hacienda del proyecto de ley en revisión sobre sistema integral de cobertura y promoción de créditos hipotecarios (créditos UVA), que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados.
Luego de un breve intercambio entre legisladores de los dos bloques mayoritarios, los senadores definieron ir a un cuarto intermedio hasta el miércoles que viene, 6 de septiembre, a las 17 horas para retomar el debate en la comisión. Para ese encuentro, las partes se comprometieron a cursar invitaciones a representantes de las entidades financieras y de las asociaciones que aglutinan a los tomadores de créditos UVA para que expongan en la Comisión.
La iniciativa fue aprobada el 6 de julio en Diputados con 134 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Interbloque Federal, y Provincias y la UCR, mientras que fue rechazado por 40 diputados del Pro, los libertarios y la izquierda, mientras que 18 se abstuvieron, del Interbloque Federal y diputados de la UCR, Evolución Radical y Coalición Cívica.
Esa diferencia en el bloque de Juntos por el Cambio se replica en el Senado de la Nación en donde los legisladores del PRO se oponen a cualquier cambio en la norma. “Es un tema a analizar, pero no creo que cambiando lo que estemos generemos es seguridad” el problema es otro” dijo la senadora amarilla Guadalupe Tagliaferri.
Aunque aclaró que sus dichos son “personales y no del bloque” refleja el posicionamiento que tomó buena parte de los diputados del PRO y que tendrían sus colegas de la Cámara Alta en el debate de la ley que fue impulsada por el radicalismo.
Uno de los principales puntos del proyecto es que modifica el sistema de actualización de los créditos hipotecarios UVA, definido durante el Gobierno de Mauricio Macri, que establece a la evolución de la inflación como parámetro de ajuste de las cuotas.
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Además, establece la suspensión por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas a través de este tipo de crédito.
El proyecto contempla que, al momento de ejercer la opción, la cuota a abonar por los tomadores de ese tipo de crédito no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores. Por otra parte, quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente.
Por último, el proyecto prevé en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo se hará cargo de hasta tres cuotas.
El sector que ya expresó su disconformidad, y que lo volverá a hacer el próximo miércoles, es el de las entidades financieras. Las entidades privadas nacionales y extranjeras (ABA y Adeba) emitieron un comunicado conjunto en el que indicaron que la iniciativa dificultará el desarrollo del crédito hipotecario en nuestro país por muchos años.
En el mismo documento “ABA y ADEBA reiteran su posición respecto a los efectos negativos del proyecto de Ley aprobado esta semana en la Cámara de Diputados sobre los créditos hipotecarios UVA”. Y agregaron: “En caso de avanzar en el Senado, dificultará el desarrollo del crédito hipotecario en nuestro país por muchos años. Más allá de las buenas intenciones, los efectos serán los contrarios a los buscados como ya sucedió con la denominada Ley de Alquileres”.
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Además las entidades señalaron que “será muy difícil atraer los recursos necesarios para desarrollo del crédito hipotecario para la vivienda, en la medida que sea factible que el Congreso modifique los contratos pactados entre particulares”. Y consignaron que “esta cuestión deben tenerla en cuenta tanto los legisladores del oficialismo como de la oposición”.
Por último, al momento de la aprobación en Diputados las entidades financieras señalaron que “tanto los bancos públicos como los privados tienen establecidos mecanismos para atender la situación de las familias en mora, sin destruir el instrumento, hasta tanto la situación macroeconómica alcance la estabilidad necesaria para que las políticas de crédito de largo plazo puedan desarrollarse”.
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