La Justicia de San Juan sentenció a que la gestión municipal de Fabián Martín debe hacerse cargo del pago a José Aníbal Matus por un monto que alcanza los $37 millones. Esta decisión se dio luego de que Matus revirtiera una denuncia penal que el actual intendente le hizo en 2017 por presunto fraude a las arcas municipales.
Martín, como intendente de Rivadavia, denunció judicialmente al dueño de la empresa JAM por «fraude contra la administración pública y malversación de caudales públicos. En ese momento, Martín presentó una factura de JAM que detallaba que «habrían talado 412 árboles, extraído 280 raíces e innumerables tacones, levantado y transportado ramas y limpiado acequias y raíces». Todo lo anterior generó que el área legal del municipio afirmara que «es imposible que se haya producido materialmente todo el trabajo y por eso venimos a denunciarlos por presunto fraude».
Esto, según contó José Aníbal Matus, generó que “no se me hiciera el pago del servicio prestado y encima llevó a que otros clientes, como el municipio de Albardón, Rawson y Santa Lucía, dejaran de contratarnos. Mi empresa fundió y tuve que indemnizar a los 24 empleados que tenía porque no había manera de conseguir más trabajo”.
La acusación generó que el apuntado contratara al abogado Javier Cámpora para que lo defienda en la causa penal que se abrió por la denuncia del intendente de Rivadavia. Cámpora contó que “la causa ingresó al Primer Juzgado de Instrucción y luego de poco más de cinco años se resolvió sobreseer a Matus del delito que se lo acusó”.
Llamó la atención que en este proceso la municipalidad de Rivadavia no presentó ningún escrito contradiciendo a José Aníbal Matus. Incluso, según se pudo conocer, no contestó la demanda y tampoco aportó prueba. La magistrada Adriana Tettamanti lo expresó en su fallo al decir que «es inaceptable lo que en su alegato plantea el municipio, que, pese a no haber contestado la demanda, expone que el actor no ha acreditado la realización de los trabajos, cuya contratación le ha sido reconocida mediante el decreto municipal».
Todo esto fundamentó a favor del señalado e incluso, Cámpora dijo que solicitó que el denunciante, en este caso el intendente de Rivadavia, se hiciera cargo del perjuicio que generó en el apuntado por Fabián Martín. Finalmente, llegó la sentencia en la que se obliga a la gestión rivadaviense a pagarle $37 millones.
Esto trajo aparejado otro capítulo judicial, ya que, según contó el letrado de Matus, a mediados del 2022 la justicia resolvió embargar las cuentas municipales, dónde se deposita la coparticipación departamental, para cubrir la indemnización determinada por los magistrados.
El abogado Cámpora, le dijo a este diario, que “todo lo que se demoró en intentar buscar una solución con Matus, el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, reaccionó rápido para que el abogado del municipio frene el embargo excusándose en una Ley de Emergencia económica. Esto fue antes que el propio Martín dijera que en su gestión ahorro $1.000 millones”.
(Fuente: Diario Huarpe)
