“La oposición decía que esto era un circo, pero la mayoría de los testigos está viniendo a declarar”. En la bancada del Frente de Todos algunos se muestran satisfechos con los resultados obtenidos hasta el momento en el proceso de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema.
A pesar de las evidentes tensiones que genera con el Poder Judicial y con la oposición, los sectores más duros del oficialismo se mantienen firmes en su objetivo y prevén que la investigación continuará durante varios meses más. “Recién vamos por el 2×1″, adelantó a Infobae un diputado, en referencia al expediente que investiga presunto mal desempeño en torno al fallo Muiña (conocido como 2×1), que buscaba beneficiar a ex represores detenidos y luego fue revocado.
En total hay 14 expedientes bajo análisis y los testimonios giraron durante estos dos meses en torno al fallo Muiña y a la filtración de chats del ex ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. Por lo que a este ritmo la comisión podría demorar hasta después de las elecciones en llegar a un dictamen.
Tras varias rondas de testigos, entre los que se destacaron los jueces federales Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla, y varios funcionarios de segunda línea de la Corte Suprema, el kirchnerismo destaca que “de a poco se va construyendo una fotos de cómo funciona el Poder Judicial, que funciona mal”.
Dentro del Frente de Todos, quienes no están de acuerdo con el proceso optaron por no hacer públicos sus cuestionamientos. Los diputados que responden a los gobernadores que no se sumaron a la convocatoria que hizo Alberto Fernández son los más preocupados. Sin embargo, hasta el momento no hubo fisuras internas entre los 16 integrantes de la comisión, que votaron siempre en sintonía e hicieron valer la mayoría propia del oficialismo.
Ante la consulta de Infobae, miembros oficialistas de la comisión reconocieron que los testimonios no generaron pruebas contundentes del mal desempeño de los jueces de la Corte. Aunque tampoco esperaban confesiones cinematográficas. “No necesitamos que alguno diga: ‘Violamos la ley’. O que se les escape una barbaridad. Lo que hacemos es ir atando los testimonios a los hechos, que les van dando fiabilidad”, explicó uno de los integrantes.
Según su visión, esto se vio con claridad en las declaraciones de Sebastián Ramos, quién negó tener relación con Marcelo D’Alessandro minutos antes de que se filtraran chats entre ambos. Además de remarcar que fueron obtenidos de manera ilegal, la oposición denunció que el oficialismo hizo esa pregunta porque conocía de antemano el contenido de la filtración. “Es muy clara la maniobra”, planteó en su momento la diputada del PRO Silvia Lospennato. El oficialismo luego lo denunció por falso testimonio, pero terminó desestimada por el juez Sebastián Casanello.
“Casi todos los testigos aportaron a las hipótesis de investigación que viene sosteniendo el bloque”, insistió un diputado a este medio. Hasta el momento, se negaron a declarar el fiscal Carlos Stornelli, el senador del PRO José Torello y el ex asesor judicial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Los dos primeros se excusaron en sus fueros (Stornelli pidió declarar por escrito), mientras que el último sigue prófugo en Uruguay (donde le fue rechazado el asilo político).
Por otro lado, el kirchnerismo entiende que la principal victoria política es haber instalado en la agenda pública el trabajo de la comisión. “A pesar de todos los intentos de la oposición para que no hablen, todos los testigos vienen a declarar sin problema”, explicaron. Además, destacaron que -en contra de las versiones iniciales- el bloque oficialista se mantuvo unido.
“Por otro lado, está generando un conflicto hacia adentro de la Corte muy grande. Mirá lo que pasó con la obra social”, advirtió un diputado en relación a la renuncia del Director General de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), Aldo Juan Tonón. El funcionamiento de la obra social judicial también está bajo análisis en uno de los expedientes.
El martes 11, la comisión de Juicio Político recibirá a otro testigo de alto perfil: el ex ministro de Justicia de Cambiemos, Germán Garavano. También fueron citados varios periodistas políticos.
La hipótesis del Frente de Todos es que el gobierno de Macri y el juez Carlos Rosenkrantz negociaron con la ex jueza Elena Highton para beneficiar a los represores detenidos. Buscan demostrar que Highton votó a favor de otorgar el beneficio del 2×1 a Luis Muiña (represor que operó en el Hospital Posadas) a cambio de que el Ministerio de Justicia no apelara el amparo que había presentado para poder seguir en su cargo después de cumplir 75 años.
Ese mismo día también están citados los periodistas Irina Hauser, Luciana Bertoia, Martín Granovsky, Silvana Boschic y Ignacio Miri para que confirmen la información que por entonces publicaron y respaldaría la hipótesis oficialista. “Sin revelar fuentes”, aclararon. Jorge Lanata figura en la lista de testigos pero aún no tiene fecha para declarar.
Seguir leyendo:
