La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Publico Fiscal de la Nación (AFFUN) repudió las amenazas de las que fueron objeto los rosarinos Valeria Haurigot y Franco Carbone durante una audiencia de imputación realizada en una causa vinculada con el narcotráfico en la ciudad santafesina.
El lunes pasado, mientras los fiscales imputaban a miembros de una organización que se dedica a extorsiones y balaceras en Rosario, uno de los acusados dijo que “el fiscal Carbone deje de hablar al pedo” y que “esto no va a quedar así”. El que realizó la amenaza es Nazareno Uriel “Anteojitos” Gauna, que está detenido desde abril pasado, cuando cayó acusado de formar parte de la organización del fundador histórico de Los Monos Máximo Ariel “El Viejo” Cantero.
En este caso los fiscales acusaban a varios integrantes de la banda del jefe narco peruano Julio Andrés Rodríguez Granthon, que está preso en la cárcel de Ezeiza, donde cumple dos condenas por tráfico de cocaína en Rosario. En la audiencia donde se acusó a varios de formar parte de la banda dedicada a extorsiones y balaceras, Gauna lanzó la amenaza. Que quedó registrada porque la audiencia por Zoom estaba siendo grabada. Gauna habría pasado de operar como sicario de la banda de Los Monos a la de Rodríguez Granthon.
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A raíz de la amenaza la AFFUN emitió un comunicado firmado por su presidente Ricardo Toranzos y su secretario general Alberto Gentili. El comunicado señala que: “La AFFUN viene denunciando hace bastante tiempo, con profunda preocupación, que en varias jurisdicciones de nuestro país, en donde se han realizado imputaciones a cuadros superiores de organizaciones delictivas o a imputados con alta trascendencia social, se ha pretendido atacar las investigaciones judiciales amedrentando la persona de los operadores, en especial a los fiscales, los que son víctimas, lamentablemente con mayor frecuencia, de serias amenazas con motivo de su tarea. En ese marco, repudiamos enérgicamente las amenazas sufridas los fiscales Valeria Haurigot y Franco Carbone, el día lunes pasado, durante una audiencia en la que se formulaba una imputación a un integrante de una estructura criminal dedicada al narcotráfico, en el Centro de Justicia Penal de la ciudad de Rosario”.
Además del repudio la AFFUN se solidarizó con los amenazados y solicitó que la seguridad sea garantizada por las autoridades. El comunicado agrega que: “Consecuentemente, hacemos llegar nuestra solidaridad a los colegas de la ciudad de Rosario, tanto provinciales como federales, e instamos a las autoridades a que garanticen su seguridad, “para que puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas” … (Directrices sobre la Función de los Fiscales -Octavo Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención y Tratamiento del Delincuente, La Habana, Cuba, 1990), máxime que este tipo de ataques, a los fiscales como a sus dependencias, se convirtió en una habitualidad en la zona. En este sentido recordamos la vigencia de los “Standards de Seguridad para los Fiscales y sus familiares” al que oportunamente esta Asociación adhirió y que fueron aprobados en la reunión llevada a cabo en la ciudad de Helsinski, Finlandia, el 1 de marzo de 2008 por la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) y nos ponemos a disposición de las autoridades para colaborar en la confección de un protocolo eficaz al efecto”.
El comunicado de AFFUN estuvo en sintonía con uno emitido por la Asociación de Fiscales de la provincia de Santa Fe en el que se señaló que ese nucleamiento: “Desea expresar su solidaridad con el fiscal Franco Carbone y con la fiscal Valeria Haurigot y públicamente manifestar el más enérgico repudio contra las amenazas sufridas en la audiencia celebrada en una causa de relevancia pública. Las intimidaciones sufridas tienen como objetivo manifiesto evitar y entorpecer las investigaciones penales llevadas a cabo por los integrantes del ministerio público de la acusación, y quienes las protagonizan no pretenden otra cosa que lograr la impunidad para los autores de hechos criminales de extrema violencia”.
Los fiscales santafesinos mostraron también preocupación cuando remarcaron que: “La protección de quienes dirigen las investigaciones penales es imprescindible para construir un sistema de justicia de respuesta a las exigencias de la ciudadanía. La objetividad y autonomía del órgano fiscal debe predicarse también en orden a su seguridad personal. La reiteración de este tipo de acontecimientos requiere respuestas estructurales adecuadas”.
Y se refirieron a los dirigentes políticos cuando señalaron que: “En consecuencia exhortamos y requerimos a los autoridades que adopten las medidas necesarias para su evitación. Como ha sido dicho, deseamos que los repudios se conviertan en acciones concretas por parte de quienes tienen la responsabilidad de robustecer y amparar el sistema de justicia”.
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