El fiscal federal Carlos Rívolo pidió cerrar la investigación y mandar a juicio oral a diez acusados de haber atentado contra la sede del Congreso Nacional el 10 de marzo pasado, revelaron a Infobae fuentes judiciales. Todo ocurrió cuando la Cámara de Diputados analizaba el acuerdo celebrado entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional y un grupo de personas comenzó a arrojar piedras y cascotes contra la sede e incluso tiraron bombas molotov que llegaron a quemar a un efectivo de la Policía de la Ciudad.
En aquel momento, Cristina Kirchner difundió un video en donde se veía cómo las pedradas ingresaban a su despacho, hablando del “el ataque contra la vicepresidenta de la República Argentina que alguien planificó y mandó ejecutar”. En la causa no se acreditó que las pedradas estuvieran dirigidas hacia ella. Fue la propia Policía Científica de la Federal la que detalló que no fue sólo el despacho de Cristina Kirchner el que sufrió destrozos: “se exponen daños desde la planta baja hasta el segundo piso del edificio del Congreso, mostrando una mayor amplitud de daños”.
Lo que sí está claro para la Fiscalía es que que es que “un grupo de personas, algunas con sus rostros cubiertos, se desprendió de otras que estaban manifestándose y empezó a arrojar -a mano o con ‘gomeras’- piedras, cascotes y bombas de pintura al Parlamento y al personal policial. También se usaron martillos o mazas para romper la vereda y aerosoles para afectar la fachada”.
Los daños al edificio histórico del Congreso fueron valuados en unos 6,3 millones de pesos contra el patrimonio cultural, mientras que la Ciudad estimó en 7,5 millones los daños contra la vía pública. Las piedras y las dos bombas molotov hirieron a siete agentes policiales.
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Según el escrito entregado a la jueza María Eugenia Capuchetti y al que accedió Infobae, Rívolo acusó a Jonatan Emanuel García, José Horacio Fernando Castillo, Leonardo Marcelo Cáceres, Gonzalo Martín Ezequiel Fonteina, Julio Valdés, Walter Gabriel Núñez, Exequiel Darío Paz, Oscar Ramón Santillán, Julián Claudio Lazarte y Sebastián Esteban Franco de esos incidentes. Todos ellos ya se encuentran con procesamiento confirmado por la Cámara Federal.
Los delitos en juego son “daño agravado” y “resistencia a funcionarios públicos en el legítimo ejercicio de sus funciones”. Por la escala penal en juego, el Ministerio Público entiende que se encuentra habilitado el camino del juicio abreviado. El daño agravado tiene un máximo de 4 años de cárcel. La resistencia, un año de máximo.
A Santillán también se lo acusó por tirar “papeles en el interior de un contenedor de basura perteneciente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se hallaba ubicado en las inmediaciones del recinto parlamentario, los cuales generaron la propagación del fuego iniciado en su interior”. Valdes, en tanto, “utilizando una maza, rompió la vereda ubicada sobre la avenida Entre Ríos -frente al Congreso Nacional-, situación que permitió que diversos manifestantes se aprovisionaran de cascotes y/o piedras que luego fueron lanzados hacia la fachada del edificio parlamentario”. Y el grupo, además, se resistió “con violencia al despliegue del personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que se presentó en el lugar de los hechos para reestablecer el orden y la seguridad, a quienes les arrojaron piedras y cascotes”.
“Si bien no escapa al suscripto que las movilizaciones sociales son manifestaciones del ejercicio de la libertad de expresión reconocidas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos (lo que implica que, en un estado de derecho, las personas tienen la potestad de manifestar su opinión y de reclamar a las autoridades en forma pacífica), lo cierto es que, como veremos a continuación, las conductas traídas a estudio trascienden las actividades legítimas de protesta y ameritan su reproche en sede penal”, sostuvo el dictamen de Rívolo.
En el escrito se repasan la reconstrucción de los hechos ocurridos aquel 10 de marzo. Y también la palabra de los policías que declararon como testigos. “Comenzamos a repeler los proyectiles que arrojaban los manifestantes, como piedras, botellas de vidrio y bombas caseras incendiarias tipo molotov -dijo, por ejemplo, la agente Ayelén Daniela Díaz-. Vi que una bomba molotov se dirigía en dirección a mi grupo y, cuando esta impactó cerca de su compañero Oficial Gutiérrez, comenzó a prenderse fuego sus prendas”. La mujer corrió para apagar el fuego con sus manos y resultó herida. También vio cómo “una compañera de nombre Oficial María Giménez, se encontraba inconsciente sentada en la vereda”. La había alcanzado una pedrada.
La fiscalía pidió el sobreseimiento de Julián Claudio Lazarte. La fiscalía de la Ciudad lo había acusado de haber sido quien lanzó las bombas molotov y lo tuvo más de un mes preso. Sin embargo, tal como reveló Infobae en su momento, le adjudicaron un tatuaje que no tenía. “Las medidas dispuestas por esta sede y la profundización de la investigación, permiten ya en esta instancia descartar aquella sospecha inicial relativa a la vinculación de Lazarte con hechos perpetrados mediante la utilización de las bombas molotov, arrojadas durante la manifestación que tuvo lugar frente al Congreso de la Nación”, sostuvo la fiscalía.
“Por otro lado, teniendo en cuenta que V.S. ha ordenado la detención de Luis Agustín Trionfini y la averiguación de paradero y comparendo respecto de Walter Nicolás Luján -quienes hasta el momento no han comparecido al proceso-, entiendo que deberían extraerse testimonios de las partes pertinentes para que, en caso de ser habidos, se continúe la investigación al respecto”, se añadió.
Con la acusación fiscal, la jueza también recibirá la opinión de la querella, el Senado En su momento, Capuchetti había aceptado a la vicepresidenta Cristina Kirchner como querellante, pero la Cámara Federal anuló aquella resolución. Para el tribunal no se explicó si ese lugar de querellante había sido otorgado al Senado, a la Presidencia del cuerpo o la propia vicepresidenta en lo personal.
Las defensas, por su parte, también opinarán ante la jueza sobre el cierre de la investigación y la instancia de juicio. En sus indagatorias, los imputados guardaron silencio, pero luego a través de escritos rechazaron las acusaciones y rechazaron la criminalización de la protesta social.
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