Primero saltó a escena el dato que, aunque es escandaloso no sorprendió a nadie: más de 250 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo compraron dólares a precio oficial y algunos hasta declararon Bienes Personales. Eso se conoció el jueves, y ayer, se reveló que el mismo informe de la AFIP, elevado en el mes de octubre al Ministerio de Desarrollo Social, detectó que al menos «2.800 personas fallecidas siguen cobrando el plan asistencial» a través de familiares o terceras personas. El entrecruzamiento de datos también determinó que otros beneficiarios «tienen dos o más propiedades».
El informe publicado fue realizado por el organismo recaudador a pedido del entonces ministro del área Juan Zabaleta.
La solicitud fue realizada el 30 de junio pasado, «a los fines estadísticos y de manera global, no individual», y del cruce de información «que se realizó sobre la identificación estadística de 1.383.279 de titulares del mencionado programa» se detectó que: «253.184 de ellos (el 18,30%) han efectuado una manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales, y que 35.398 (el 2,56%) habían realizado alguna compra de divisas con fines de ahorro en los últimos 6 meses».
Frente a este escándalo en la entrega a las organizaciones sociales de planes de empleo sin la supervisión del Estado, la Justicia decidió intervenir de oficio: el fiscal federal Guillermo Marijuán abrió una investigación preliminar ante los resultados de un relevamiento del Ministerio de Desarrollo Social que concluyeron que numerosa cantidad de beneficiarios de planes sociales adquirieron dólares a precio oficial. En ese marco, Marijuán pidió a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que le envíe ‘con carácter de urgente’, una copia del relevamiento y/o entrecruzamiento de datos ‘que habría permitido detectar una numerosa cantidad de personas que adquirían divisas extranjeras de las arcas del Estado nacional’, según un oficio a cuyo texto accedió Télam. Marijuán mencionó que, entre los adquirentes, habría personas que ‘declaraban Bienes Personales y percibían planes sociales’.
Frente a esta falla en los controles que deja mal parado al Gobierno, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, dará un giro de 180 grados sobre el control de los planes de empleo. La funcionaria le puso fin a las auditorías sobre el Potenciar Trabajo que dispuso hace poco más de un mes su antecesor, Juan Zabaleta, y que implicaban un acuerdo con universidades nacionales para un relevamiento presencial de los beneficiarios para obtener información demográfica. En su lugar, la funcionaria, la tercera en ocupar esta cartera en la gestión de Alberto Fernández, dispondrá un sistema de validación de identidad digital, más un formulario online, que se pondrá en práctica a fines de este mes y que busca acelerar el control sobre la distribución de los planes sociales.
Sin altas
Hace diez días, el Presidente prohibió el ingreso de nuevos titulares al Potenciar Trabajo. La normativa también impide que las bajas de beneficiarios sean reemplazadas. A cambio, las cooperativas, accederán al 30% de la obra pública hasta los $300 millones.
