El jueves próximo, entre las 8 y las 10 de la mañana y si el clima acompaña, esto es si no llueve o arrecian fuertes ráfagas de viento, la policía de la provincia de Buenos Aires deberá desalojar el predio usurpado hace diez días en Mar del Plata y que es propiedad del municipio de General Pueyrredón. La medida fue solicitada por el intendente Guillermo Montenegro (PRO) y acompañada por el fiscal Juan Pablo Lódola. Son las mismas tierras que Obras Sanitarias del distrito utiliza como “reservorio” natural para drenar el exceso de agua de lluvia y prevenir inundaciones.
La medida fue dictada por el juez Saúl Roberto Errandonea. El magistrado tomó esa resolución no por convicción propia, sino por orden expresa de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata de Garantías Número 2.
En una primera instancia, Errandonea no hizo lugar al desalojo pedido por la fiscalía y el municipio. Ordenó que se inicie una instancia de diálogo con las más de treinta familias que tomaron el predio ubicado en la Avenida Fortunato de la Plaza, entre Reforma Universitaria y Rufino Inda, en el barrio de Las Heras, e impuso que la administración local suministre alimentos y otro tipo de insumos a los usurpadores.
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El magistrado también había solicitado que se realice un censo, que se acredite la identidad de cada una de las personas asentadas, que se registre la presencia de niños y de mujeres embarazadas.
El fallo había generado malestar entre los funcionarios municipales. Entendían que decisiones como esa “estimulan las tomas ilegales de tierras”.
En diálogo con Infobae, Montenegro califico de “disparate” la decisión del juez de Garantías Número 2, aseguró que “yo no negocio ni dialogo con extorsionadores o con delincuentes” y entendió que la resolución del magistrado: “Sienta jurisprudencia y se está legitimando un delito. Creo que este tipo de fallos, lamentablemente, motivan que este tipo de delitos crezca”.
Entre los motivos esgrimidos por Montenegro para solicitar el “lanzamiento” de los usurpadores se hacía constar que “en la parcela opera un cuenco de amortiguación hidráulica que forma parte del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS)” y explicaba que: “Los SUDS son parte de estructuras que forman un sistema ideado para el manejo de los excedentes de aguas pluviales superficial de la ciudad”.
También se adjuntaba el informes técnicos realizado por Obras Sanitarias de Mar del Plata en el cual se señalaba que: “Ese cuenco puede filtrar, acumular, reciclar, drenar y retardar la llegada directa del caudal de las precipitaciones. Es decir que es fundamental para evitar inundaciones”.
Entre los argumentos, que no fueron tomados en la primera resolución del juez se advertía que: “Desde el punto de vista estructural ese perímetro no cuenta con los análisis estructurales de estabilidad de suelos para el emplazamiento de cargas permanentes de viviendas, lo cual constituye un extraordinario riesgo para los ocupantes allí emplazados”.
La Cámara de Apelaciones hizo lugar de inmediato a la apelación de Montenegro y la fiscalía contra la resolución de Errandonea y ordenó que el juez de primera instancia fije fecha y hora para el desalojo. También le recordó que debe realizarlo “con estricto cumplimiento de las previsiones del punto B del ‘Protocolo de actuación frente a ocupación de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad’”.
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Entre los factores que las autoridades deberán tener en cuenta al momento de retirar a las personas del predio es, entre otros puntos, que “la medida debe ser realizada en horario diurno, no pudiendo instrumentarse cuando las condiciones climáticas sean adversas”; “la facultad de recurrir al auxilio de la fuerza pública deberá efectuarse con el mayor cuidado de la integridad física de las personas que ocupen el predio y de los bienes que allí se hallaren, debiendo acudir al uso de la fuerza solo en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible”; “la necesaria presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado de las personas y otros que se requieran, según las circunstancias del caso”.
También se dejó explicitado que antes de desalojar de manera compulsiva a los moradores del lugar dónde instalaron precarias viviendas “se deben agotar las instancias de diálogo” y advertirles antes que será desalojados del lugar.
La usurpación de Mar del Plata reabrió un debate no saldado por las autoridades gubernamentales, nacionales y provinciales, la crisis habitacional que vive un amplio sector de la sociedad. De hecho ayer, la Unidad Piquetera cortó el Puente Pueyrredón, a la altura de la localidad bonaerense de Avellaneda, para reclamarle a Axel Kicillof “tierras para vivir” y en protesta porque a dos años del desalojo de Guernica los funcionarios bonaerenses “incumplieron” con los compromisos tomados con las casi tres mil personas que habían tomado ese predio.
Mar del Plata es solo un ejemplo más de lo que sucede a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires, territorio en el cual las tomas y los desalojos compulsivos están a la orden del día, al igual que las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad.
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