El Senado de la Nación retomó las actividades de comisión y lo hizo tratando un proyecto de ley que está generando controversias en el PRO. Con un encuentro que comenzó pasadas las 14:30, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales dictaminaron a favor de llevar al recinto el proyecto del Poder Ejecutivo que propone reformar la ley de integración socio-urbana de barrios populares, aprobada en 2018, y prorrogar por diez años la suspensión de los desalojos, girado en revisión desde Diputados.
Aunque fueron pasando los discursos del oficialismo en apoyo, también los hubo de Juntos por el Cambio, uno que marcó la diferencia fue el de la senadora del oficialismo Anabel Fernández Sagasti, quien no solo dijo que iba a firmar a favor del dictamen, sino que hizo referencia a que “en el peronismo se enseña que después de la frase de política pública tiene que llegar el financiamiento”.
Respecto de esto, Sagasti afirmó: “Si estamos realmente convencidos que esto tiene que ser una política de Estado, el compromiso tiene que ser que vamos a darle asignaciones específicas para que ningún gobierno se atreva a romper este consenso que debe estar acompañado de financiamiento”.
Por la oposición quien tomó la palabra fue Guadalupe Tagliaferri, que preguntó “cómo había terminado la ejecución presupuestaria del Fideicomiso de Integración Socio-urbana al 2021 y cuánto llevan de ejecución presupuestaria del 2022″.
La consulta la respondió Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quien aseguró: “Llevan su tiempo para hacerlas bien, nada más triste que queden sin terminar o en falsas promesas. El presupuesto acompaña una ejecución que tiene que ver con el trabajo y la mano de obra en los barrios de empresas y organizaciones sociales”.
“Este gobierno, a través del Aporte de las Grandes Fortunas, financió esta política con más de cien mil millones de pesos. Pero las obras son enormes y quienes recorren barrios populares saben que no es lo mismo hacer obra en calles abiertas que en pasillos”, agregó la funcionaria.
La norma genera discusión interna en el PRO. Así lo hizo saber en varias ocasiones la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, al criticar a los legisladores de su partido que lo votaron en Diputados.
Es por eso que, al igual que lo que sucedió en la Cámara Baja, en la oposición adelantaron que se votará de manera dividida la aprobación del proyecto. En el caso del bloque del PRO, la mayoría (39 de 50) votaron a favor. Los otros 11 más referenciados con el “ala dura” y con la propia ex ministra de Juntos por el Cambio (JxC) decidieron votar en contra, abstenerse o directamente ausentarse, aún a sabiendas del consenso alcanzado por las diferentes fuerzas políticas de la Cámara en torno al proyecto.
Esas diferencias quedaron establecidas en la Comisión, por ejemplo, en voz del senador José Torello, apoderado del PRO a nivel Nacional, que adelantó el acompañamiento al señalar: “Nos hicieron entender la realidad de la gente que está en los barrios populares y la verdadera necesidad que hay en la Argentina, producto de que no nos pusimos de acuerdo los políticos a lo largo de los años y llegamos a 5600 asentamientos irregulares”.
En la Cámara Alta se prevé que el oficialismo logrará darle sanción a esta ley con el acompañamiento de legisladores del bloque de la UCR y que los que responden al PRO también votarán divididos, pero el oficialismo alcanzaría los 37 votos necesarios con el apoyo de Magdalena Solari Quintana (bloque Frente de la Concordia), Alberto Weretilneck (bloque Juntos Somos Río Negro) y Clara Vega (bloque Hay Futuro Argentina).
Acerca de los barrios populares, la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional propone ampliar el alcance de la ley sancionada en 2018 (declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios), prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años (como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda) y agilizar los procesos administrativos.
A través del proyecto también se promueve fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
El proyecto de ley busca actualizar el Registro Nacional de Barrios Populares, prórroga de la suspensión de desalojos como garantía para la implementación de la ley y resguardar el derecho a la vivienda por el plazo que dure la declaración de utilidad pública (10 años).
Asimismo, la iniciativa apunta a declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.
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