Cristina Kirchner quiere saber quién estuvo detrás de los afiches que se pegaron en la ciudad de Buenos Aires el 28 de marzo por la madrugada. Esos carteles la acusaban de “asesina” y de ser “culpable de 35.000 muertes”. Cuando la investigación comenzaba a estancarse, la vicepresidenta se presentó a través del abogado Gregorio Dalbón y fue aceptada como querellante. Eso significa que a partir de ahora podrá tener un rol más activo, apelar las resoluciones y ofrecer pruebas.
“Corresponde admitir el ingreso al proceso en calidad de parte querellante de Cristina Fernández de Kirchner con el patrocinio letrado del Doctor Gregorio Jorge Dalbón y por constituido el domicilio legal invocado, haciéndole saber que queda sujeta a la jurisdicción del tribunal y a las resultas del proceso”, dice una breve resolución agregada al expediente a cargo del juez Manuel De Campos.
A fines de abril, la vicepresidenta se había presentado en la causa a través de su abogado penalista Carlos Beraldi y fue aceptada como particular damnificada, una figura prevista en el artículo 80 del Código Procesal Penal. Eso le permitía examinar la causa y ser informada del estado del proceso.
Ese expediente, iniciado a partir de una denuncia de Enrique “Pepe” Albistur, el publicista amigo de Alberto Fernández, tuvo escasos avances. Todavía no se peritó el teléfono y una computadora aportada al expediente por Lilian Melhem (61), la mujer de Recoleta acusada de haber encargado los afiches. Aunque ya pasaron casi cinco meses, solo se hizo una copia de esos aparatos. Falta el análisis del contenido.
Tampoco se pidió información sobre el mail de Yahoo que utilizaba la mujer (Micaela_Calvo@yahoo.com) para rastrear su fuente de origen y su dirección de IP.
Los investigadores coinciden que no hay pruebas firmes contra Melhem. Ocurre que la misteriosa mujer se comunicaba con la imprenta desde un número desconocido. Sin embargo, la Justicia acaba de recibir una nueva pista, tal como reveló Infobae. Con los datos aportados por la empresa Telecom se pudo identificar la línea que utilizó la mujer.
Ese número, llamativamente, estaría registrado a nombre de una mujer con domicilio en la avenida Alvear al 1600, a pocas cuadras del domicilio de la vicepresidenta. En las últimas horas, el fiscal Leonel Gómez Barbella, pidió varias medidas para profundizar esa línea de investigación. También reclamó la indagatoria de Mariano D’Amato, un directivo de la imprenta donde se hicieron los afiches.
D’Amato fue el primero que aportó el contacto de la mujer, escondida detrás de un mail de Yahoo, y luego le dio indicaciones a un empleado, Francisco Serrano, para seguir a un remisero y sacarle fotos. “Dice que es un partido político y es medio picante lo que quiere”, afirmaba D’Amato el 4 de marzo, 24 días antes de la pegatina.
Serrano también se encargó de contratar a Darío Méndez y a su hijo, Christian, para realizar la pegatina por distintas calles de la Ciudad en la madrugada del 28 de marzo. Ambos estaban acostumbrados a ese tipo de trabajos, aunque nunca imaginaron las repercusiones negativas. La camioneta de los Mendez fue identificada por las cámaras de seguridad de la Ciudad y horas después fueron allanados en sus domicilios.
La vicepresidenta sospecha que detrás de aquel “escrache” estuvo la oposición. Otros sostienen que fue una operación política para profundizar más las diferencias que había en ese momento entre Cristina y el presidente Alberto Fernández.
La investigación judicial siempre estuvo divida en dos causas, aunque una jueza de la Ciudad declaró hace pocos días la incompetencia y todo se concentraría en el juzgado de De Campos. En ese contexto, el fiscal Gómez Barbella pidió que también se investigue el delito de intimidación pública e incitación pública a la violencia.
En las últimas horas, Cristina Kirchner también fue aceptada como querellante en la causa por amenazas contra un hombre de 64 años que protestó con un megáfono frente al Instituto Patria el 21 de julio pasado.
“No hiciste nada para protegernos y “ahora te toca la horca, “el único camino para deshacernos de vos, de todos tus cómplices, tu hijo y toda la basura que nos gobierna…”, ”Te vamos a sacar a patadas en el culo” y “te vamos a ahorcar acá delante del Instituto Patria”, habrían sido algunas de la frases del hombre identificado como C.P.H.
Esa investigación también está en el juzgado de De Campos, aunque hay otro expediente similar en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Ese magistrado se declaró incompetente y la medida fue apelada por el fiscal Carlos Stornelli, luego recusado por los abogados del Instituto Patria. Mientras se define la competencia, la vicepresidenta se presentó como querellante en el juzgado de De Campos.
