Cientos de empleados públicos como aportantes en la campaña, falta de transparencia en la rendición de cuentas de los donantes privados y subestimación de los gastos destinados a la publicidad en redes sociales. Esas fueron las principales observaciones realizadas por la Cámara Nacional Electoral (CNE) a los informes que presentaron ante la Justicia el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, correspondientes a sus ingresos y egresos de la campaña para las últimas elecciones legislativas nacionales en la Ciudad de Buenos Aires.
Las auditorías de la CNE -a las que tuvo acceso Infobae – advirtieron a la jueza con competencia electoral María Servini sobre posibles irregularidades en el financiamiento de las principales campañas de medio término del año pasado, como la usurpación de identidad de cientos de empleados públicos de organismos porteños, o el ocultamiento en el gasto destinado a plataformas digitales como Facebook. Las alianzas electorales tendrán que resolver las inconsistencias planteadas por el tribunal en los próximos días, informaron fuentes judiciales.
La principal inconsistencia detectada por la Cámara Electoral en la rendición electoral de Juntos en Capital se enfoca en las donaciones de más de 250 personas que serían empleados públicos vinculados a entidades del Gobierno porteño. “Aportantes que figuran empleados en el Banco Ciudad, quiénes se encuadrarían en prohibiciones de la ley 26.215 sobre personas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores”, indicaron en la documentación oficial remitida a la jueza.
Los auditores detallaron que unos 200 de ellos serían empleados del Banco Ciudad con aportes totales superiores a $12 millones. La mayoría, realizó aportes de entre $30.000 y $90.000. De mayor a menor, los donantes más importantes vinculados a esta entidad son sus autoridades vinculadas al PRO: Paula Beatriz Villalba, legisladora porteña y síndico del banco, desembolsó $500.000; Franco Moccia, ex ministro porteño y uno de los directores del Ciudad, aportó $260.000; Fernando Jorge Elías, vicepresidente de la entidad ($250.000) y el ex director del Banco Nicolás Massot ($200.000), entre otros.
Desde el Banco Ciudad, ante la consulta de Infobae y luego de cotejar la lista de los que figuran como aportantes, señalaron que “no es correcto el listado”, ya que excepto estos funcionarios jerárquicos de la entidad, con cargos políticos, el resto “no son empleados del Banco” casi en su totalidad . Solo identificaron a dos que sí lo son. En la lista aparecen nombres de funcionarios porteños – sin relación de dependencia con el Banco – como el de Juan José Méndez, asesor general de Gobierno porteño, o el de Paula Zingoni, directora general de Promoción Social y Bienestar del Ministerio de Salud de CABA.
También aparecen decenas de donantes que serían empleados de otros organismos porteños vinculados al PRO: 17 de la empresa estatal Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), que maneja las autopistas porteñas; 16 integrantes del Ente Regulador de Servicios Públicos; 9 de Subtes Sociedades del Estado; y 10 empleados de Lotería de la Ciudad. Los aportes, en su gran mayoría, fueron inferiores a $80.000. Los auditores señalaron la posibilidad de que hayan sido obligados a realizar los desembolsos.
Otra de las inconsistencias que remarcó el tribunal sobre la rendición electoral de Juntos fue que casi el 65% de los donantes privados no informó su aporte a la Plataforma Pública de la Cámara Electoral. Entre ellos se encuentran algunos de los principales financistas de la alianza opositora, como los empresarios Miguel Canale ($1 millón), Juan Milberg ($1 millón), Lisandro Tagle Perkins ($1 millón), Lucas Gardiner ($1 millón), Sofía Benvenuto Blaquier ($850.000) y Pedro Falabella ($525.000), entre otros.
El kirchnerismo porteño
El Frente de Todos declaró en su rendición de cuentas que no había recibido ninguna donación por parte de privados en su campaña legislativa en Capital, indicaron los auditores. Sin embargo, remarcaron que hubo 14 personas que informaron en la Plataforma de Aportes de Campaña haber desembolsado, en total, cerca de $850.000 para la campaña que manejó el senador kirchnerista Mariano Recalde. La Cámara Electoral decidió, de todas formas, no realizar una observación formal sobre este punto porque las transferencias fueron bancarizadas y contaban con sus respectivos comprobantes.
El tribunal sí advirtió sobre posibles irregularidades en los desembolsos realizados por el Frente de Todos para hacer frente a los gastos en redes sociales. El kirchnerismo porteño declaró gastos por $1.3 millones en ese rubro, pero la Biblioteca de Anuncios de Facebook muestra que solo los avisos realizados en esa plataforma superan los $1,6 millones, más otros $228.000 en publicidad del entonces candidato a diputado nacional Leandro Santoro.
“Por todo lo expuesto precedentemente y teniendo en cuenta la existencia de estas diferencias entre lo declarado por la agrupación de $1.300.000 y lo que surge de la biblioteca de anuncios detallado precedentemente, se solicita se efectúen las aclaraciones que correspondan, se acompañe documental que considere pertinente y además, acompañe el detalle solicitado en el cuarto párrafo de este apartado”, indicaron los auditores en el informe enviado a la jueza Servini.
Los auditores también marcaron inconsistencias en el uso que el Frente de Todos hizo sobre los “aportes públicos extraordinarios” para la campaña. La Cámara Electoral remarcó que la alianza incumplió con la cantidad de fondos mínimos que debía desembolsar para realizar pauta publicitaria en medios digitales de alcance nacional. “No se cumpliría con lo establecido por la ley en cuanto a los mínimos aplicables sobre sitios periodísticos digitales de producción nacional”, escribieron. El mínimo previsto por ley indicaba que, sobre el total $6,7 millones de aportes extraordinarios, el kirchnerismo debía invertir como mínimo $474.000 en sitios online nacionales, pero las erogaciones apenas superaron los $160.000.
Después de las auditorías de la Cámara Electoral, los partidos fueron notificados en estos días sobre las observaciones para que tengan la oportunidad de entregar documentación para subsanarla. Esas respuestas serán luego evaluadas por la jueza Servini que finalmente decidirá si aprueba las rendiciones de campaña de estos partidos o, caso contrario, dispone las multas correspondientes que se harán efectivas recién en las próximas elecciones de 2023.
Visualizaciones: Andrés Snitcofsky
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