El oficialismo y la oposición se cruzaron la semana pasada en el Consejo de la Magistratura de la Nación por un tribunal de justicia clave para la provincia de Santa Cruz. Se trata de la Cámara Federal de apelaciones en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena que viene con una historia de tensiones políticas. La oposición objetó que se incluya en el presupuesto para el año que viene una partida de 17.500.000 pesos para comprar el inmueble donde funcionará el tribunal porque todavía no existe y no tiene jueces. El oficialismo defendió la postura pero perdió en la votación.
“Se está impidiendo que empieza a funcionar un tribunal que necesita funcionar y se lo hace con todo tipo de argumentos rebuscados”, dijo el senador del Frente de Todos Mariano Recalde. “Esta defensa descarnada que tienen de esta Cámara llama la atención. Saquémonos la careta”, respondió la diputada de Juntos por el Cambio por Santa Cruz Roxana Reyes. Durante toda la discusión desde los dos sectores se acusaron de tener intenciones políticas en sus posturas.
Todo ocurrió el viernes pasado durante la reunión de la Comisión de Administración y Financiera que preside el abogado Diego Marías, vinculado al PRO. Allí se analizó el presupuesto para el 2023 de todo el Poder Judicial por 262 mil millones de pesos. Marías dijo que en el presupuesto había 17,5 millones de pesos para comprar el inmueble para la Cámara de Piedrabuena. Pero propuso quitarlo del proyecto. “Es un tribunal que todavía no fue habilitado para funcionar, no han sido designados sus jueces y habiendo tantas necesidades de todo tipo en el Poder Judicial me parece innecesario que se explicite esta obra en el presupuesto”, sostuvo Marías.
Comandante Luis Piedrabuena es una ciudad que está a 230 kilómetros de Río Gallegos y fue elegida para ser sede de la Cámara Federal. Así lo aprobó el Congreso Nacional en 2013 cuando creó la Cámara en un proyecto impulsado por el gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner. Ese tribunal será el encargado de analizar todas las investigaciones de causas federales de Santa Cruz y Tierra del Fuego, lo que hoy hace la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, en Chubut.
Desde su creación, la oposición sostuvo que se trataba de un tribunal creado a medida de Cristina Kirchner porque por allí pasarían las causas federales de la provincia y que no tenía ninguna justificación. Pero desde 2013 la Corte Suprema de Justicia de la Nación nunca habilitó su funcionamiento y todavía no tiene jueces. El Senado tiene para aprobar los pliegos de los postulantes Carlos Borges, Marcelo Hugo Bersanelli y Nelson Sánchez que eligió el presidente Alberto Fernández tras el concurso que aprobó el Consejo de la Magistratura el año pasado con el apoyo de una parte de la oposición, lo que desató críticas en ese sector.
La diputada Reyes, enfrentada la kirchnerismo en Santa Cruz, avaló la propuesta de Marías. Reyes dijo que en el presupuesto se incluía la compra de dos inmuebles -para el juzgado federal de Venado Tuerto por 112 millones de pesos y el de Cámara de Piedrabuena por 17,5 millones- cuando hay otros juzgados 12 más sin habilitar y más de 20 organismos judiciales que no tienen su inmueble y cuando hay 101 edificios judiciales que se alquilan.
“Estoy sorprendido que la consejera Reyes, que es de Santa Cruz y que esto es algo beneficiaría a su región, pretenda quitar del presupuesto esta prioridad. Me parece un despropósito”, le dijo el senador del Frente de Todos Martín Doñate.
“Para despejarle las dudas al senador Doñate de la defensa de los derechos de mi provincia, en toda la zona sur de la Patagonia tenemos edificios alquilados como el juzgado federal de Chubut, el juzgado federal de Río Grande, el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, que está en malísimas condiciones hace muchísimo tiempo. Llama poderosamente la atención que estemos presupuestando una cámara que todavía no esta en funcionamiento cuando tenemos estas necesidades”, le contestó Reyes.
“Son todas excusas. Reyes plantea que si se excluye a Piedrabuena aprueba el presupuesto. Ósea que no le interesa el resto de los juzgados. Si lo aprueba excluyendo eso quiere decir que hay otra intencionalidad de otro tipo que de ninguna manera podemos aceptar”, intervino Recalde.
Reyes le contestó Reyes: “Incluir dos compras en juzgados que no están funcionando cuando hay pedidos de juzgados en funcionamiento si habla a las claras de que hay una intención en esa decisión ¿Por qué no asignamos recursos a cámaras que están en funcionamiento? Llama poderosamente la atención. Es asombroso, no entiendo el motivo de esta inclusión. Es un hecho objetivo consejero Recalde, no político”.
El senador dijo que los 17,5 millones de pesos para la compra del inmueble es el 0,00063 por ciento de todo el presupuesto. “Es poner la lupa por un problema político partidario que tiene la diputada en su provincia con el otro partido político. Es un capricho político de una diputada”, sostuvo Recalde. “Esta defensa descarnada que tienen de esta cámara llama la atención. Saquémonos la careta. ¿No les llama atención que haya otros 12 juzgados para habilitar que no estén en el presupuesto?”, sostuvo Reyes.
El juez Alberto Lugones, un aliado en el oficialismo, defendió la inclusión de la compra. “Al margen de las consideraciones políticas que se puedan hacer de este y otros tribunales, el Congreso aprobó la Cámara, el Consejo aprobó el concurso, están los pliegos en el senado para ser designados y no me parece razonable que no esté en el presupuesto. Las consideraciones políticas deben darse en otro ámbito como la cámara de Diputados y la de Senadores cuando se trate el presupuesto”, sostuvo.
La diputada peronista Graciela Camaño, que suele acompañar al oficialismo en sus votaciones, votó por no incluir la compra del inmueble. La legisladora recordó que en 2019 el Consejo aprobó la emergencia edilicia e informática del Poder Judicial. “Lamentablemente no hicimos nada”, sostuvo. Y recordó una carta que Julio Piumato, titular del gremio de los empleados judicial, envió al Consejo en la que recordó las necesidades que hay en la justicia. “Voy a acompañar el planteo de Reyes desde el lugar del acompañamiento que hacen los trabajadores”, explicó Camaño.
Tras la discusión, Marías puso el tema a votación. Y la partida para la compra del inmueble se sacó del presupuesto con los votos de Marías, Reyes, Camaño, los jueces Juan Manuel Culotta, Ricardo Recondo y Agustina Díaz Cordero -aliados a la oposición- y la senadora de Juntos por el Cambio Silvia Giacoppo. Recalde, Doñate y Lugones votaron por el presupuesto con la compra del inmueble y la académica Pamela Tolosa se abstuvo.
Ahora el tema pasará al plenario del Consejo para su aprobación final. La oposición confía que tendrá los votos con el apoyo del presidente del cuerpo, Horacio Rosatti.
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