En el Ministerio de Hacienda ya cuentan con un relevamiento global y preliminar de los contratados que cumplen con el requisito principal de haber ingresado a la administración pública provincial hasta el 31 de diciembre de 2018. El sondeo revela que el Ministerio de Educación contiene a poco más de la mitad (50,8 por ciento) de los 1.959 trabajadores temporarios. Le siguen, lejos, Salud Pública, Seguridad, Desarrollo Humano, Obras y Secretaría General de la Gobernación con 100 a 160 empleados (Ver infografía). Así, seis de las 14 reparticiones del Ejecutivo concentran el 86 por ciento del personal. Con números más chicos aparecen Gobierno, Turismo, Ambiente, Minería, Deportes, Producción y Hacienda. Por el momento, Ciencia y Tecnología no contaba con ningún contratado, mientras que se revisaban las cifras de otros organismos, como Defensoría del Pueblo y Fiscalía de Estado.
La cantidad de trabajadores temporarios en Educación obedece a que hay un gran número de porteros por el crecimiento de la matrícula y los establecimientos escolares, además de personal administrativo, explicó la ministra de Hacienda, Marisa López. En las cinco reparticiones que encabezan la tabla, sus cifras revelan que han ido necesitando empleados, generalmente, de tipo administrativo, debido al incremento de los servicios y tareas que van prestando.
El traspaso de contratados es un reclamo de los gremios estatales para que se mejore la situación laboral, al que la gestión uñaquista decidió hacerle frente. Al ingresar a planta permanente, el personal alcanza estabilidad y su futuro no dependerá de la voluntad política de ningún Gobierno de turno, ya que los contratos que firman son temporales, generalmente de un año. Entre los beneficios también se encuentran el hecho de contar con una obra social, gozar de vacaciones, cobrar asignaciones familiares y percibir adicionales, el aguinaldo y los aumentos salariales que el Ejecutivo habilita para neutralizar los efectos de la inflación.
La ministra de Hacienda calculó que en unos 10 días enviarán el proyecto de ley que permitirá el ingreso de contratados, el que abrirá una excepción al impedimento que establece el artículo 4 de la ley 531-P sobre la cobertura de vacantes. Además del tope temporal, los interesados deberán cumplir con otras exigencias que se plasmarán en la ley. Entre los requisitos que se habían adelantado por parte del Ministerio de Hacienda figuraba la de realizar un curso de capacitación y rendir un examen de ingreso.
De acuerdo a lo que estimaron en Hacienda, tras la sanción de la ley, el objetivo es disparar el proceso de ingreso en el segundo semestre del año, incluso, con la posible incorporación de una tanda de personal antes de diciembre.
El Gobierno hizo el anuncio a principios de junio, luego de acordar la suba salarial del 65 por ciento con los sindicatos estatales, en medio de la protesta de docentes autoconvocados.
El relevamiento dado a conocer es provisorio, por lo que puede haber cambios en las cantidades en algunas o en todas las reparticiones.
Tras las renuncias, fallecimientos o jubilaciones, se liberan cargos que contienen puntos con los que el Estado puede ascender a trabajadores de planta o realizar incorporaciones. Pero, como no se generan los suficientes puntos, no se han podido ingresar al personal necesario y se ha usado el mecanismo de contratación. Por ello, se ideó el esquema de traspaso para blanquearlos.
Tipos de contratos
En el Estado hay tres tipos de contratos: el de maestranza o servicios generales, el administrativo y el de servicios personales. En el traspaso a planta, si bien hay una cantidad importante de porteros que están dentro de la primera categoría, la presencia de personal administrativo predomina en el universo de contratados.
Cantidad y sueldo
El cálculo es que en la administración pública hay unos 4.500 contratados, pero casi 2 mil ingresaron hasta el 31 de diciembre de 2018. De acuerdo al último incremento salarial, los temporarios también recibieron un 65 por ciento. Así, los profesionales cobran 88 mil pesos, los administrativos 57 mil pesos y los de servicios generales 41 mil pesos.
(Fuente: Diario de Cuyo)
