Tras un concurso en el que participaron 13 profesionales, la abogada Ana María Arias quedó en primer lugar en el orden de mérito y será designada como defensora del Personal Policial, confirmó el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga. Se trata de la figura que creó la gestión uñaquista para la representación legal de forma gratuita a los uniformados que enfrenten causas civiles y penales, siempre y cuando se hayan generado en el ejercicio de sus funciones y en la prestación del servicio. De esa forma, quedan tajantemente excluidos los casos en los que los efectivos se vean implicados en hechos delictivos de manera grupal o individual, como robos, abusos sexuales y fraudes contra la administración pública, en los que deberán buscar sus propios abogados particulares.
En el concurso se les exigió a los profesionales que acreditaran 10 años de ejercicio de la abogacía y el mecanismo consistió en la presentación de antecedentes por parte de los interesados, quienes luego debieron someterse a una entrevista frente a una comisión evaluadora, la que calificó a los mejores ranqueados y elevó la propuesta al jefe de Policía y al secretario de Seguridad. Tras esos pasos, Arias quedó ubicada en el primer lugar, tuvo el visto bueno de todas las autoridades y comenzó el trámite de su designación, indicó Munisaga. De acuerdo a lo que se había informado, la defensora de policías cobrará una remuneración como personal profesional de la fuerza y podrá seguir litigando en sus causas particulares.
Este medio había adelantado la creación del defensor del Personal Policial, el cual quedó contemplado en las modificaciones que se hicieron a los deberes y derechos de los uniformados, plasmadas en la ley 298-R. La abogada representará gratuitamente a los efectivos policiales que sean denunciados penalmente o demandados civilmente por su accionar en el desarrollo de sus tareas. Por ejemplo, un policía podrá solicitar la asistencia del defensor en el caso de que dispare su arma reglamentaria y hiera a un sospechoso que lo atacó en un allanamiento o procedimiento de detención, lo que generará una causa penal. En ese marco, Munisaga había remarcado que el o la abogada oficial de ningún modo patrocinará a un uniformado que sea denunciado e investigado por hechos delictivos a causa de su conducta personal.
Tanto el Gobernador como el secretario de Seguridad habían señalado que la movida representa «un respaldo al buen policía, a aquel que actúa en el correcto desenvolvimiento de su función y de su servicio y que tiene que afrontar alguna causa». Munisaga, a su vez, había agregado que la nueva figura «forma parte de la transformación histórica que está atravesando la fuerza de seguridad en la gestión de Uñac. Es dar respuesta a un pedido histórico y moderno, ya que el tema se está debatiendo en las policías del mundo». Así, el funcionario había mencionado antecedentes en el país, como Córdoba y Mendoza.
No es el único gesto que ha tenido el Gobierno con la fuerza policial, ya que ha invertido en mejoras edilicias en las comisarías, en equipamiento y en la incorporación de tecnología. Además, ha regularizados todos los años los ascensos del personal. Eso sí, también les ha exigido esfuerzo en la tarea preventiva de hechos delictivos y la investigación de casos consumados.
La figura del Defensor del Personal Policial se formalizó en mayo de 2021, tras la firma del decreto reglamentario por parte del gobernador Sergio Uñac. Con ese paso cumplido, se hizo la apertura de inscripción a los profesionales interesados, quienes debían cumplir con una serie de requisitos, como acreditar 10 años de ejercicio de la profesión. En total se presentaron 13 abogados. Una comisión evaluadora realizó un orden de mérito de acuerdo a los antecedentes y las entrevistas a los profesionales y Ana María Arias encabezó esa lista con el puntaje más alto. La comisión evaluadora envió la propuesta a la Jefatura de Policía y a la Secretaría de Seguridad, quienes dieron el OK para la designación. Con el nombramiento, una comisión evaluadora analizará cada caso particular en que los policías soliciten o requieran la intervención de la defensora del Personal Policial.
(Fuente: Diario de Cuyo)
