Luis D’Elía responsabilizó a Cristina Kirchner por provocar una “persecución” contra los movimientos sociales

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Hoy se registró una serie de allanamientos a organizaciones sociales de Jujuy: denunciaron una persecución por parte del gobernador Gerardo Morales

Los domicilios de dirigentes y sedes de organizaciones sociales de la provincia de Jujuy registraron en la mañana de hoy una serie de allanamientos efectuados por la Policía local, en cumplimiento de una medida judicial en el marco de una causa en la que se investigan los presuntos delitos de asociación ilícita y extorsión. Ante este escenario, Luis D’Elía —alineado con Alberto Fernández— responsabilizó a Cristina Kirchner por provocar una “persecución” contra movimientos sociales tras sus dichos semanas atrás durante un acto de la CTA.

En los operativos de hoy, según precisó la agencia Télam, se secuestró documentación y otros elementos, medida que fue rechazada por las entidades, que la consideraron una “persecución política”, por lo que apuntaron por medio de diversos comunicados contra el Gobierno provincial de Gerardo Morales. “En total son 16 allanamientos los que se tienen previstos en casas de dirigentes sociales y sedes de las organizaciones”, señaló la diputada provincial del Frente de Izquierda, Natalia Morales.

La medida fue ordenada por el juez de Control Rodolfo Fernández a solicitud del fiscal Diego Funes, especializado en Delitos Económicos y contra la Administración Pública, en el marco de actuaciones iniciadas de oficio.

El dirigente social y referente del partido MILES, Luis D’Elia, sumó a las voces críticas con la situación que se registra en la provincia del norte del país. “Tremenda persecución contra todos los Movimientos Sociales en Jujuy. Gran cantidad de allanamientos y detenidos. Asociación Ilícita y extorsión son las imputaciones más comunes”, manifestó.

Luis D'Elía
Luis D'Elía

Al mismo tiempo, D’Elía continuó su posteo en la red social Twitter con una dura crítica que también apuntó a la vicepresidenta: “Esto sucede después de la demonización lanzada por Cristina Kirchner contra todos los movimientos sociales”.

En aquella ocasión, durante su discurso en Avellaneda, como clausura del plenario de la CTA en el Día de la Bandera, Cristina Kirchner lanzó una ofensiva contra las organizaciones piqueteras y reclamó puertas adentro del Gobierno que las políticas sociales “no pueden seguir tercerizadas”.

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Cristina Kirchner durante su discurso en Avellaneda el pasado 20 de junio (Franco Fafasuli)

“El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales. No pueden seguir tercerizadas. El Estado debe tener el monopolio (de las políticas sociales) así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza. ¿O se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la Policía? ¡No!”, había considerado la ex mandataria nacional en una parte de su discurso.

Poco después de aquel discurso, D’Elía fue crítico con la vicepresidenta y también se manifestó a través de Twitter. “Flojita de memoria y de agradecimiento @CFKArgentina nos declaró la guerra a todos los movimientos sociales de la Argentina en general y a los kirchneristas en particular mientras la @CTAok de @HugoYasky la aplaudía. Ni una sola palabra de apoyo a @alferdez”, comentó D’Elía.

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Imagenes compartidas en redes sociales por el Frente de Organizaciones en Lucha

Ante el escanrio generado por los allanamientos de hoy en Jujuy y a través de un comunicado, el Frente Popular Darío Santillán profundizó sobre la situación: “Se viene desatando una persecución sistemática con una serie de allanamientos a dirigentes y espacios de diferentes movimientos sociales en la provincia. El Gobierno de Morales junto a su fuerza represiva busca intimidar y criminalizar las distintas luchas que se vienen llevando adelante en el campo de la economía popular”. Luego, ampliaron: “Ayer fue la CCC; hoy el Movimiento Evita, Nuestramérica, MTE, FOL y Tupac Amaru. Claramente estamos en un contexto de persecución hacia los movimientos populares y no lo podemos permitir”.

Alrededor de las 9 de este miércoles, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) replicó información y fotos de los allanamientos y además de denunciar al gobierno local, apuntó sobre los lugares vinculados a los operativos: “En nuestros espacios tenemos nuestras herramientas de trabajo, brindamos clases de apoyo a los niñxs del barrio, talleres de oficios, deportivos y artísticos, un comedor que atiende a 150 familias pobres de jujuy”.

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El gobernador jujeño Gerardo Morales, en el centro de las críticas

“Exigimos que cese la persecución y estamos en estado de alerta por nuestros compañeros y compañeras”, expresó Dina Sanchez, Secreatria Adjunta de la UTEP y Vocera Nacional del Frente Popular Darío Santillán. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también se manifestó y fue crítico ante la situación: “Como ocurre en CABA, la fiscalía alineada con el poder político usa la figura de asociación ilícita para profundizar la criminalización y persecución de las organizaciones sociales locales”.

Las medidas se concretaron desde las 8 en las sedes de las organizaciones, merenderos y en el domicilio particular de militantes sociales en las ciudades de San Salvador de Jujuy, Tilcara, Palpalá y Calilegua. Entre las entidades registradas hay cinco sedes de organizaciones y merenderos que los dirigentes denunciados tienen a su cargo.

Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación repudió “el agravamiento de la persecución política y judicial a organizaciones sociales” y manifestó “su enorme preocupación por una nueva escalada” de este accionar.

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Los allanamientos se registraron durante la mañana de hoy

En repudio a las medidas judiciales en su contra, y con la consigna “Basta de perseguir a las y los que luchan”, las organizaciones realizarán mañana a las 10 una conferencia de prensa unificada en Plaza Belgrano de la capital jujeña.

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El reclamo de la UTEP

“Hoy se está dando una persecución sistemática con una serie de allanamientos a dirigentes y espacios de diferentes movimientos sociales en Jujuy”, denunciaron desde la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), y acusaron al “Gobierno de Morales de que busca intimidar y criminalizar las luchas que llevamos adelante”.

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