“Pegale al de traje que es policía”. Los gritos se escucharon en el hall del Ministerio de Desarrollo Social aquella violenta mañana del 28 de octubre del 2021. Integrantes del movimiento “MTR Histórico” habían llegado hasta la sede de esa cartera, en avenida 9 de Julio, entre Belgrano y Moreno, para protestar en reclamo de planes sociales. Pero en un momento la protesta se desmadró. Empezaron a tirar piedras y un grupo venció la reja de la calle Lima al 300 y franqueó la barrera policial que custodiaba el Ministerio. Ya en el hall del del edificio, rompieron vidrios, pintaron la fachada y golpearon a los policías y custodios que quisieron controlarlos. Lograron detener a Guillermo Bessa, Julio Nelson Domínguez y Abel Vazquez, que fueron acusados penalmente. Ahora, deberán enfrenar un juicio oral. El resto logró escapar.
Así surge de la elevación a juicio, a la que accedió Infobae, y que será lo primero que escucharán los acusados en el juicio oral que llevará adelante el juez federal Sebastián Ramos. En la instrucción, los tres imputados eligieron negarse a declarar. Sobre ellos pesa la acusación de “resistencia o desobediencia a un funcionario público”.
En la causa quedó demostrado las lesiones que sufrieron los oficiales de policía José Roberto Galip y Cecilia Orellana, personal civil del Ministerio Facundo Parejas, Gabriel Hankel y Mario Corbero y personal del Grupo de Operaciones Motorizadas Federales (GOMF) Fernando De Elcoro y Ezequiel Gabriel Gerardi, quienes acudieron al lugar por disposición superior a prestar apoyo. Sin embargo, la causa penal no avanzó sobre ese aspecto: “existe una imposibilidad procesal de avanzar con la acción penal en tanto aquellos casos en que la prueba permite indicar que los aquí imputados tuvieron algún tipo de participación, la misma no fue instada por quienes resultaron damnificados”, sostuvo el dictamen fiscal de elevación a juicio.
Aquel día, organizaciones sociales de una rama del Frente Popular Darío Santillán, el El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el MRP y el MTD de Aníbal Verón y del Frente de Organizaciones de Base, entre otras como el MTR Histórico, se movilizaron hacia el Ministerio de Desarrollo Social en el marco de una llamada jornada nacional de lucha contra las empresas monopólicas de alimentos. Luego de cortar la avenida 9 de Julio, quemaron gomas.
La investigación que llevaron adelante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Ramiro González determinó que un grupo de esos manifestantes “entraron por la fuerza a la cartera del Ministerio de la Nación, violentando los accesos al edificio, desobedeciendo y haciendo caso omiso al accionar policial que intentaba impedirlo, así como de las directivas emanadas del personal de seguridad del Ministerio que prestó asistencia y trató, en todo momento, evitar tanto el acceso de los manifestantes como su avance una vez dentro del edificio”. “Para repeler el accionar de la seguridad, utilizaron la violencia física, provocando las lesiones”, se añadió.
Javier Santillán, jefe de Servicio de la División Seguridad y Custodia de los Ministerios de Salud y Desarrollo Social, declaró que en la movilización “no se encontraba prevista la participación del ‘MTR Histórico’” y que vio cómo “una de las columnas de manifestantes de dicha agrupación repentinamente tomó la calle Moreno y luego la calle Lima”. Habitualmente, en esos casos, se resuelve cerrar los acceso al edificio. Pero en ese momento vio que “la cabeza de la columna de la manifestación, sin mediar diálogo previo, empezó a arrojar objetos contundentes, como piedras y paquetes de comida y a sacudir los portones de ingreso de los accesos de calle Lima hasta que lograron forzarlo y abrirlo, luego de lo cual ingresaron corriendo”.
Personal policial y personal de seguridad del Ministerio se trenzó en lucha con los manifestantes para evitar que abran la única puerta, la de chapa negra con una especie de ventana de vidrio, que los separaba del ingreso. Sin embargo, lograron romperla e ingresar. Los efectivos se replegaron hacia el hall al advertir que no podían contenerlos. Una vez dentro, los manifestantes cruzaron unos molinetes e ingresaron al hall rompiendo todo a su a su paso, incluso los vidrios del control de acceso.
Los policías intentaron resguardarse en unos pasillos que conduce a distintas oficinas, subsuelo y otros lugares. “En ese ínterin -dijo Santillán-, vi cómo estas personas ingresaban y se trenzaban en lucha con empleados del Ministerio, con algunos de ellos que se encontraban en los accesos, incluso golpeándolos con palos que tenían en las manos”. Fueron varios los testigos que señalaron al acusado Besga como uno de los que golpeaba a los hombres de seguridad.
“Ya que no pudieron escapar, algunos ofrecieron resistencia, incluso uno de ellos, si mal no recuerdo Besga de apellido, fue el que se encontraba más nervioso y no podíamos reducirlo. Lo que finalmente igual se logró con fuerza mínima indispensable para lograrlo”, afirmó Santillán.
Sobre la detención de los otros dos imputados, recordó que “la persona mayor (Domínguez) trataba de evadir al personal policial para retirarse del edificio, pero después de intentar hacer un poco de fuerza desistió de su accionar, lográndose su detención sin mayores problemas, mientras el otro chico joven (Vázquez) que estaba en el lugar, de camiseta de futbol amarilla, intentó separarlos (según su opinión, para liberar a la persona que estaban tratando de detener) y después quiso retirarse pero no logró esquivar la línea de personal policial que se encontraba sobre la reja de Lima”. Ahí lo detuvieron sin que opusiera resistencia.
Cuando le preguntaron si algunos de los detenidos fueron causante de los daños ocasionados al edificio, el jefe de custodia señaló que la mayoría “estaba con la cara tapada y que solo vio a Besga propinar golpes”. Fernando Ángel Papinutti, Oficial de guardia de la División Seguridad y Custodia de los Ministerios de Salud y Desarrollo Social, coincidió con la declaración de Santillán. Fue quien detuvo a Vázquez. ”Estaba intentado irse empujando a otros integrantes de la agrupación, logrando reducirlo adentro del hall”, aportó.
Gabriel Hernán Hankel es empleado del Ministerio y su tarea es en el sector Admisión. Ese día, luego que cerraran las puertas de la 9 de Julio, se dirigió al acceso de la calle Lima, ubicado tras unas rejas que los manifestantes derribaron momentos antes. Vio cómo el edificio era “invadido” y en la puerta se formó un “embudo” de gente. “Al ver que le estaban pegando a unos compañeros, incluso con palos y ‘esas gomas que parecen las de los policías’”, decidió intervenir y comenzó a pelearse con los manifestantes. Uno de ellos, que sería Begsa, lo golpeó.
Facundo Leonel Parejas Tunessi, personal de seguridad del Ministerio de Desarrollo Social, confirmó el relato de los otros testigos y contó que a él también le pegaron “dos o tres piñas en la cabeza y en la espalda, y después lo empujaron para abajo”. Dijo que el que lo agredió llevaba “remera azul, pelo corto morocho, de contextura delgada, sin barba ni bigote, de unos 40 años”. También dijo que vio cómo a Hankel entre “seis o siete” se lo llevaron para el hall y le empezaron a pegar. Según recordó, “los que entraron decían ‘pegale al de traje que es policía’”. Los golpes los recibió en ese momento Papinutti. Además de los destrozos y las pintadas con insultos, le robaron una mochila a un policía. A los pocos minutos, los manifestantes se fueron por donde habían venido.
Para el Ministerio Público está claro que “los tres imputados ingresaron a la sede ministerial mediante dos accesos que fueron forzados en forma inmediatamente previa a que entraran, desobedeciendo y haciendo caso omiso al accionar policial y del personal de seguridad del Ministerio que le prestó asistencia y que, en cumplimiento de las directivas previamente dadas, trató en todo momento de evitar tanto el acceso de los manifestantes como su avance una vez dentro del edificio”.
Sobre las lesiones, el dictamen señaló: Besga “no sólo irrumpió en el Ministerio, sino que, en una actitud sumamente violenta, también golpeó al personal que allí se desempeñaba. Sin embargo aquellos que presentaron lesiones producto de tal conducta, decidieron ni impulsar la acción penal”.
Con el dictamen de González, el juez Casanello dio por cerrada la instrucción y elevó el caso para ser sorteado. Como se trata de delitos correccionales, el juicio quedó en manos del juez Ramos, indicaron a Infobae fuentes judiciales. El delito por el que están imputados establece que “será reprimido con prisión de un mes a un año, el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones.”
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