Elisa Carrió y la Coalición Cívica ratificaron este jueves su rechazo categórico a la creación del llamado “impuesto a la renta inesperada” o a cualquier otro tipo de gravamen o aumentos de tasas a la producción. Se debe al anuncio del Gobierno, en medio de un lanzamiento de medidas y bonos para los sectores más perjudicados por la inflación.
“Más allá de los títulos, esto no es más que una sobrealícuota por sobre el impuesto a las ganancias, en un país que ya forma es uno de las diez naciones en el mundo que exige la tasa más alta de impuesto a las ganancias de empresas”, señalaron Carrió y los integrantes de la CC en un comunicado.
Además, consideraron que “para recuperar el crecimiento económico tenemos que ordenar el gasto público y volver a la senda de reducción de impuestos nacionales y provinciales en la que estábamos hasta 2019. Vamos a presentar una propuesta en este sentido, que no contempla la suba de impuestos”.
El pasado lunes, el presidente Alberto Fernández junto con su ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciaron la implementación de bonos para reforzar los ingresos de los jubilados, monotributistas y trabajadores en negro frente a la inflación. Además, aseguraron que buscan un mecanismo para redistribuir “la renta inesperada” generada por la suba de precios internacionales para lo cual convocará en las próximas semanas a los sectores productivos.
Con respecto a esta última medida, Guzmán explicó que este impuesto alcanzará a empresas con “ganancias superiores a los 1.000 millones de pesos en el año”. Estimó que es “una fracción pequeña” del empresariado argentino, superior al 3% de las compañías. Habrá otros criterios para incluir a esas empresas, como que “la ganancia neta imponible real tiene que haber aumentado de forma significativa en el año 2022 respecto a 2021″.
Además, dijo Guzmán, se tomará en cuenta “el resultado ordinario en relación a las ventas, lo que conocemos coloquialmente como el margen de ganancia”, que también tendrá que ser anormalmente elevado en el año 2022. Y en el caso de que las empresas cumplan con los criterios anteriores pero canalicen parte de esa ganancia “hacia la reinversión productiva, el monto de la contribución será menor”.
Le medida sumó otras críticas desde distintos sectores. A través de un comunicado, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) criticó la iniciativa del gobierno: “La Argentina debe volver a retomar la senda del desarrollo económico y social sostenible. Para ello resulta esencial generar las condiciones para que las pequeñas, medianas y grandes empresas puedan concretar inversiones que generen empleo y hagan crecer la producción y las exportaciones. La creación de nuevos impuestos -como el recientemente anunciado ‘impuesto a la renta inesperada’- va en la dirección opuesta a lo señalado. En la Argentina ya están en vigencia 165 impuestos y la carga tributaria sobre el sector formal de la economía es muy elevada y ha crecido fuertemente en los últimos 20 años, superando holgadamente el promedio de la región”.
En su comunicado se incluyó un gráfico que compara la presión tributaria de la Argentina, medida como porcentaje de su PBI, con otras regiones. El promedio de esa presión fiscal entre 1990 y 2002 fue 20,6%; entre 2003 y 2021, creció a 30,7%. A su vez, esta última cifra supera holgadamente al 22,9% de promedio de América Latina y se ubica más cerca del 34,1% de presión tributaria de los países de la OCDE.
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