Martín Guzmán se transformó en el expositor del respaldo presidencial a su permanencia en el Gabinete. Fue vocero de su propia ratificación. Resultó curioso, aunque con un argumento razonable y a la vez parcial: pidió apoyo político para generar credibilidad y bajar expectativas negativas frente al duro registro de la inflación. No explicó cuál sería el plan y circunscribió el reclamo al kirchnerismo. Resultó una demanda incompleta, propia del encierro interno. Y contradictoria frente a otras acciones, graves. El oficialismo está precipitando un conflicto institucional, que sólo puede enrarecer aún más el clima político anotado por el ministro como un dato en contra.
El nuevo foco de tensión es generado en el frente judicial. El proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura terminó empantanado, de manera previsible. El oficialismo demoró el tratamiento y recién aprobó su iniciativa la semana pasada, en el Senado. Asomó como una movida intencional, ante las malas perspectivas de imponer su texto en Diputados, por falta de número y al parecer, sin margen interno para negociar. Los últimos pasos tienden a congelar la decisión de la Corte Suprema, que dispuso un plazo hasta el viernes próximo para contar con una nueva ley.
Empieza entonces otra batalla, motorizada por el kirchnerismo pero que de hecho acompaña Olivos por acción o desentendimiento. En contactos reservados, el Frente de Todos ya había anticipado a Juntos por el Cambio que no hay chances de sesionar con este tema. Y si no hay ley nueva, desde el lunes próximo debería comenzar a funcionar el Consejo de la Magistratura con su vieja integración, de 20 miembros y no de 13, como disponía la ley que fue declarada inconstitucional.
El kirchnerismo dejó trascender que de ningún modo respetaría esa decisión, que bloquearía la designación de nuevos integrantes políticos -un senador y un diputado, cargos reclamados por el PRO y la UCR- y, más aún, que no aceptaría que la presidencia del Consejo de la Magistratura quede para un representante de la Corte, en este caso, Horacio Rosatti.
En paralelo, el kirchnerismo busca avanzar con la coronación de jueces en el fuero federal. Hasta ahora, lo intentó sin resultado. Volverá a la carga en estas horas, antes de que concluya la actual etapa del organismo encargado de seleccionar y remover jueces. Después, el horizonte de parálisis del Consejo de la Magistratura también afectará esos planes.
El Senado, bajo conducción de Cristina Fernández de Kirchner, fue el eje de esta pelea. En esa Cámara, de manera informal, la comunicación a la oposición había sido clara: no daría los pasos formales para designar a un nuevo representante. En Diputados, la intención era dejar correr hasta la semana próxima, con posible convocatoria de Sergio Massa a los jefes de bloque. El cuadro se terminó de complicar con una jugada ante la Justicia para empantanar aún más las cosas.
Las voces más ruidosas y hasta agresivas fueron aportadas por el kirchnerismo. Oscar Parrilli salió a descalificar públicamente el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la ley vigente desde 2006 y que dio plazos para sancionar un nuevo texto. Y Leopoldo Moreau atacó directamente a Rosatti. Con todo, la pieza para complicar el panorama fue movida por el diputado Marcelo Casaretto, cercano al gobernador Gustavo Bordet y de buen vínculo con Olivos.
Todo fue muy rápido, sorpresivo sólo para algunos en el FdeT. El legislador entrerriano presentó un escrito ante la justicia federal de Paraná y el juez Daniel Alonso dispuso sin demora, en unas pocas horas, una medida “precautelar” que ordena a los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados no designar a los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura.
Esa decisión da cobertura a una apuesta previa. Y por supuesto, tiene recorrido judicial por delante. En lo inmediato, importa el hecho político, que es la movida para enfrentar la decisión de la Corte, en otro capítulo -el más grave, seguramente- de la ofensiva del oficialismo en el terreno judicial.
Un debate razonable sobre este punto asomaba improbable en el contexto actual. Pero todo termina peor que lo imaginado. Los representantes de JxC reclamarán ahora que sean designados sus legisladores en el Consejo de la Magistratura. Y habrá que ver qué ocurre a partir del lunes y cuál es la respuesta de la Corte.
En cualquier caso, el efecto negativo ya fue producido. Y no es lo único. En todo caso, hubo dos entregas en sentido contrario a lo que podría describirse como necesidad de un mejor clima político para la gestión presidencial y, en particular, de Guzmán.
El ministro debió ser ratificado básicamente frente a la artillería del kirchnerismo. Y el propio ministro, después de que trascendiera su reunión del fin de semana con el Presidente, salió a demandar una actitud diferente del socio interno, para generar credibilidad y evitar la incertidumbre, según sus propias palabras.
Ayer -es decir, veinticuatro horas antes de la difusión del IPC de marzo-, el mensaje de diferenciación doméstica estuvo a cargo de Axel Kicillof, que se mostró con Roberto Feletti. Y la pulseada por el Consejo de la Magistratura aporta otros dos elementos significativos: la precipitación de un conflicto con otro poder y un nuevo tema de disputa política con la oposición.
Nada de eso resulta asimilable a mejorar el estado de cosas, en medio de la crisis económica y social.
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