Los planes volvieron a estar en el centro de la escena luego de los acampes que protagonizaron los movimientos sociales la semana pasada, en el centro porteño. En el propio Gobierno hay miradas contrapuestas. En este marco, un grupo de legisladores de la Coalición Cívica (CC), que responde a la ex diputada nacional Elisa Carrió, presentó hoy un proyecto de resolución en el Congreso y cuatro pedidos de Acceso a la Información Pública para esclarecer el otorgamiento y control de los planes sociales.
El propio Máximo Kirchner dijo ayer que “hay que dejar de quejarse si cortan una calle”, en relación con la movilizaciones en la 9 de Julio. En tanto, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, aseguró en marzo que no se ampliará la cantidad de programas de cobertura ni asistencia social, que hoy ronda los 1,8 millones de beneficiarios, según cifras de ese ministerio. “Hay que terminar con el método de extorsión como control de los que menos tienen”, lanzaron desde la Coalición Cívica.
La iniciativa de los “Lilitos” se basa en cuatro misivas en las que se requiere información a la Unidad de Información Financiera (UIF), al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), al Ministerio de Desarrollo Social de Nación y a la Oficina Anticorrupción.
Desde la Coalición Cívica creen que podría existir un conflicto de intereses por parte de algunos dirigentes del INAES y de Desarrollo Social: “Hay funcionarios que podrían haber entregado recursos a organizaciones sociales y políticas afines”, le aseguró a Infobae Maricel Etchecoin, legisladora bonaerense y presidenta del Congreso Federal de la CC.
Uno de los impulsores del planteo de la CC fue Hernán Reyes, legislador porteño de ese espacio. En diálogo con este medio, Reyes apuntó contra Emilio Pérsico, secretario de Economía Social de la cartera de Desarrollo Productivo: “Maneja más de un millón de planes y, al mismo tiempo, es líder del Movimiento Evita, organización que tiene beneficiarios de esas asignaciones”. El legislador considera que Pérsico “está de los dos lados del mostrador” y asegura que “también hay otros funcionarios” del ministerio que conduce Zabaleta en esa situación.
Sospechas de corrupción
“Acá hay una caja multimillonaria y de corrupción en el manejo de los planes”, sostuvo Reyes y disparó: “Lo que fue la obra pública en el gobierno de Cristina, acá puede ser en el manejo de los planes”. Las iniciativas apuntan a revisar las asignaciones del plan Potenciar Trabajo, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, cuántas y cuáles son las cooperativas y organizaciones sociales beneficiarias, el rol del INAES, organismo a cargo del registro de las cooperativas y mutuales.
En línea con Reyes, Etchecoin considera que “lo perverso es que utilizan a los que menos tienen con fines políticos”. Los dirigentes que responden a Carrió aseguran que hay cooperativas y mutuales que realizan operaciones financieras por fuera del ámbito regulatorio del Banco Central. “La cantidad de reportes durante el 2020-2022 ha sido mucho menor que las realizadas durante la gestión anterior”, explican en su presentación.
Las presentaciones están firmadas por el presidente nacional de la CC, Maximiliano Ferraro, Etchecoin, Reyes, el concejal por La Matanza Héctor Toty Flores y la dirigente Fernanda Reyes. A su vez, el proyecto de resolución en Diputados fue rubricado por los legisladores del bloque que preside Juan Manuel López.
Cabe resaltar que la Ley de Acceso a la Información Pública establece en su artículo 11 un plazo no mayor a 15 días hábiles -que se puede prorrogar 15 días más en “circunstancias razonables”- para responder toda solicitud de información pública requerida.
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