A una cabo, por andar alcoholizada y discutir con otros uniformados que cumplían su trabajo. Otro agente por cometer desorden y manejar borracho. Y a un tercer efectivo por conducir en estado en ebriedad y protagonizar un accidente en el horario que debía estar cubriendo un servicio de adicional.
Los tres son miembros de la Policía de San Juan y fueron sancionados por el Poder Ejecutivo, dos de ellos con la expulsión de la fuerza, por actos de inconductas y faltas consideradas como graves. Los castigos fueron publicados en el Boletín Oficial de la provincia y llevan la firma del gobernador. Se trata de tres casos distintos de policías sumariados internamente por hechos callejeros en los que terminaron demorados.
Uno de esos casos fue el de la cabo Marcela Florido, quien el 26 de julio de 2020 protagonizó un incidente en pleno aislamiento obligatorio en inmediaciones del camping de El Pinar, en Rivadavia. La mujer tenía 0,64 gramos de alcohol por litro de sangre, también presentaba una herida en la cabeza y se encontraba con su marido, ambos en bicicletas, según el decreto publicado. Una patrulla llegó por un llamado telefónico y lo que contaron los uniformados fue que la cabo y su pareja los increparon, además les secuestraron una caja de vino.
En su defensa, la mujer policía dijo que todo fue un invento de sus colegas. Después del sumario administrativo, el Poder Ejecutivo avaló el pedido de la Policía y la sancionó con 50 días de suspensión.
Peor le fue a un agente llamado Jorge Luis Tapia, detenido el 18 de noviembre de 2019 por otro incidente en la calle General Acha y la ruta 40, en Rawson. Una persona llamó diciendo que hubo una pelea y que unas personas pretendían ingresar a un predio. El agente Tapia andaba en un Chevrolet Corsa, no tenía ningún papel del vehículo y presentaba signos de estar alcoholizado. A este policía lo castigaron con la expulsión por cesantía de la Policía.
Una situación similar se dio con el agente Leandro Garay Torres, que protagonizó un choque en su moto en las calles Las Heras y O’ Higgins, Rawson, el mediodía del 21 de diciembre de 2019. El policía se encontraba ebrio, pero además a esa hora debía estar cumpliendo adicionales en una escuela. Se constató que no había concurrido a prestar servicio. Por ese hecho, la Subsecretaría de Control de Gestión pidió que sea echado de la fuerza. Fue así que el Poder Ejecutivo resolvió dejarlo cesante de la Policía.
Las sanciones fueron publicadas este lunes en el Boletín Oficial como parte de los decretos que firmó el propio gobernador. Dos de ellos ya no pertenecen a la fuerza, mientras que la mujer policía volverá a trabajar tras cumplir la sanción.
(Fuente: Tiempo de San Juan)
