No hubo posibilidad de llegar a un acuerdo de juicio abreviado y los tres policías de Tesorería y la proveedora sospechados del desvío de fondos por más de 2 millones de pesos de la fuerza provincia van a juicio. El Ministerio Público Fiscal sostuvo la imputación del presunto delito de peculado, una forma de malversación de fondos públicos, y adelantó que irá por una condena de 3 años de prisión efectiva para los efectivos de la fuerza provincial.
Ellos son la oficial María Cecilia Cortez, el sargento Roberto Carlos Gaitán, la cabo Evangelina Marcela Porras y la proveedora Romina Ayelén Tejada. Todos ellos tenían vínculos con el oficial principal Oscar Vanetti, el ex jefe de Tesorería de la Policía de San Juan que fue condenado en mayo de 2021 por otros desvíos ilegales de dinero por más de 1 millón de pesos de las cuentas de la fuerza.
Con el jefe policial también fueron condenados su esposa, la subcomisaria María Olivares, y su secretaria, la cabo primero Carolina Tejada. Romina Tejada es hermana de esta última y Cortez, Gaitán y Porras eran subordinados de Vanetti.
De hecho, la causa contra estos cuatro últimos es un desprendimiento del caso de Vanetti. Tras el escándalo por aquel primer fraude, la Policía y Fiscalía de Estado ordenaron una auditoría para saber si el desfalco era más grande. Ahí se conoció que Vanetti no sólo se transferido dinero a su cuenta, a la de su esposa y su secretaria, sino que también aparecieron desvíos de plata a la oficial Cortez, al sargento Gaitán, a la cabo Porras y a Romina Tejada, que era proveedora de la Policía.
El 7 de junio de 2021 realizaron la denuncia y el fiscal Iván Grassi junto al ayudante fiscal Mariano Carreras de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales abrieron una nueva causa penal en perjuicio a la Administración Pública. En septiembre pasado, formalizaron el pedido de investigación contra los cuatro sospechosos y este jueves se realizó la audiencia de control de acusación presidida por la jueza María Gema Guerrero.
El ayudante fiscal Carreras volvió a reiterar los elementos que tienen como pruebas. En el caso de Gaitán, aseguró, detectaron 10 transferencias irregulares de las cuentas de la Policía a su caja de ahorro por un total de 397 mil pesos. La oficial Cortez recibió más de 743 mil pesos por medio de 17 transferencias, supuestamente sin justificativo, que le hizo Vanetti. La cabo Porras cobró más de 55 mil pesos a través de 2 transferencias ilegales, sostuvo. Por su parte, Romina Tejada –la proveedora- recibió 963 mil pesos por otras 5 transferencias hechas por Vanetti desde las cuentas de la Policía.
El abogado Gabriel Sanz, que actúa como querellante en representación de Fiscalía de Estado, acompañó en todo a los fiscales de Delitos Especiales y adhirió a la imputación planteada. En cambio, el abogado Gustavo Sánchez propuso por parte de Gaitán una conciliación con el fin de frenar el juicio y devolver el dinero del supuesto perjuicio. Las abogadas Vanesa De Dax y Leonardo Villalba directamente pidieron la suspensión de juicio a prueba para Tejada y Cortez, respectivamente. Y por último tomó la palabra la letrada Glenda Alcayaga, quien sostuvo que entendía que no existió delito y no había pruebas para imputar a Porras.
El fiscal Grassi y el ayudante fiscal Carreras se opusieron con el argumento de que tenían pruebas para sostener la imputación, a la vez que explicaron que no podía haber una conciliación ni una suspensión de juicio a prueba dado que estaban frente a un delito contra la Administración Pública y tres de los imputados eran funcionarios públicos. Es así que se mantuvieron firmes en sostener su negativa de acceder a los pedidos de la defensa.
La audiencia se prolongó hasta pasadas las 21 de este jueves y finalmente la jueza Guerrero resolvió rechazar los planteos y propuestas de los cuatro defensores de los policías y Tejada. Con esto, todo va a camino al juicio. De todas formas, se pasó a un cuarto intermedio a la espera que el Ministerio Público Fiscal continúe con la exposición de la prueba.
