Quince años de juicios para reactivar las investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la época del terrorismo de Estado dejaron casi 300 sentencias con más de mil condenados y un centenar de absoluciones. Pero también una enorme cantidad de documentación que se volvió histórica repartidas en tribunales de todo el país que, en muchos casos, no tienen las condiciones para poder almacenarlas, archivarlas y conservarlas como lo que son: piezas que reconstruyen lo que ocurrió en la última dictadura.
“La riqueza de los expedientes de las causas judiciales para la reconstrucción histórica es algo que los historiadores hemos descubierto hace no tanto mucho tiempo pero que ya hemos incorporado como herramienta valiosa al arsenal más tradicional con que hemos abordado la investigación del pasado”, dice el investigador Juan Manuel Palacio en su libro “Desde el Banquillo”.
En La Plata tuvo lugar el primer juicio oral por crímenes de lesa humanidad, luego de la derogación de las leyes de Obediencia debida y Punto Final. Se trata de la causa que enfrentó Miguel Etchecolatz, director de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante esos años de dictadura y mano derecha del general de brigada Ramón Campos, donde fue testigo Julio López, desaparecido antes de que se conociera el veredicto y cuyo paradero sigue siendo un misterio tres lustros después.
Desde entonces, solo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata ha dictado 17 sentencias en juicios orales. Y actualmente hay dos juicios más en marcha. Es que es innegable la centralidad que tuvo la ciudad de La Plata en la represión ocurrida en la Argentina durante los años de dictadura y las causas abiertas para intentar dar respuestas a esos hechos.
En ese contexto, es que la Justicia de esa jurisdicción se encontró con un problema: no hay lugar para poder preservar toda la documentación y los expedientes, en donde se concentró “un alto valor histórico”, según admiten los propios funcionarios judiciales. Los jueces Andrés Basso y José Michilini, que están al frente del TOF 1 de La Plata momentáneamente porque hoy en día no tiene jueces titulares- advirtieron esta problemática que dejaron asentada en una acordada firmada esta semana.
“Por el volumen de la documentación existente en las causas de trámite por delitos de lesa humanidad, la digitalización de los expedientes y sus anexos, es permanentemente requerida por las partes, dado que por su volumen la consulta física es sumamente dificultosa”, señalaron. Pero además, plantearon, hay “numerosos requerimientos de documentación formulados por los juzgados de instrucción de todo el país, como así también los pedidos que se realizan en las instancias recursivas por la Cámara Federal de Casación Penal” y “todo ello insume gran cantidad de tiempo y recursos humanos”.
Es por eso que resolvieron optimizar recursos y resolvieron firmar un Convenio marco con la Comisión Provincial por la Memoria, encabezada por Dora Barrancos, para la coordinación e implementación de un programa de digitalización, archivo y conservación de las causas por delitos de lesa humanidad en trámite ante esa jurisdicción. “La digitalización y sistematización integral de la información obrante en los diversos expedientes, en línea con los avances tecnológicos, se presenta como una herramienta eficaz y necesaria en el caso”, explicaron los magistrados.
Para los jueces, “el tratamiento otorgado a la documentación obrante en poder del Tribunal a lo largo de los años ha resultado problemático e ineficiente”. No solo no hay espacio suficiente para dejarlo bajo su guarda. Tampoco hay “instrumentos específicos y personal calificado para el tratamiento y conservación de archivos”, dijeron los jueces.
Esa complicación hace que al día de hoy no se haya podido determinar con precisión la dimensión del material documental vinculado a las causas que tramitan los delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Y eso genera dos nuevos problemas: no solo tener que tramitar un pedido de alguna parte y generar más papeles. El gran problema es el daño del material cuando el espacio para guardarlo, la humedad o los ácaros ponen en peligro esos documentos.
El TOF resolvió entre en medio de la pandemia -entre julio 2020 a julio 2021- una suerte de inventario de sobre la causa que investigó el “Circuito Camps” y sus derivadas. Allí se concentran los crímenes ocurridos en los centros clandestinos de detención como la comisaría V de La Plata, el Destacamento de Arana, la Brigada de Investigaciones de La Plata, la Subcomisaría de Don Bosco denominada ‘Puesto Vasco’, COT I Martínez y la Brigada de San Justo.
Ahí figura la documentación de todos esos hechos. Desde las torturas y desapariciones de los protagonistas de la llamada “Noche de los Lápices o el secuestro del grupo Graiver hasta el secuestro de Jacobo Timerman y el ataque a la casa “Teruggi-Mariani” donde funcionaba una imprenta de Montoneros, donde sus ocupantes fueron asesinados y la beba Clara Anahí fue sacada de la casa con vida. Su destino, al de hoy, es un misterio.
“Con el objetivo de dar solución a una demanda generalizada, conscientes de la envergadura y relevancia de estos expedientes y la necesidad de su conservación, en el uso de facultades de superintendencia, hemos avanzado en la búsqueda de alternativas que procuren una solución integral a esta problemática –dijeron Basso y Michilini-. De este modo, se ha presentado la posibilidad de acordar con la Comisión Provincial por la Memoria, mediante su Programa de Gestión y Preservación de Archivos, un acuerdo tendiente a la digitalización y gestión de la documentación para su conservación y guarda”.
Los jueces indicaron que “se avanzara en etapas, donde de modo conjunto con personal del Tribunal, previa identificación y clasificación del material, se procederá a su digitalización y guarda” y luego la idea es armar “un programa que permita el acceso a la información a todas las partes del proceso y, en su caso, a otros órganos jurisdiccionales o requirentes generales, bajo estrictas pautas que serán establecidas por este Tribunal en razón de tratarse de expediente judiciales”.
Consultada por Infobae sobre esta iniciativa, la fiscal Angeles Ramos, de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, precisó que el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, concentra parte de la documentación de lo ocurrido durante la dictadura, al tiempo celebró la puesta en marcha de este convenio por parte del TOF 1 de La Plata que surge de los propios magistrados para la digitalización de los expedientes.
“Desde el punto de vista de la preservación de todo el material es fundamental. El Poder Judicial concentra los expedientes y el material producido, si se tiene que utilizar en otros, no hay un fondo documental a donde uno pueda ir a buscar por palabras claves o datos específicos que funcionen como base de datos, sino que uno tiene que conocer que eso existe en ese lugar e ir a pedirlo puntualmente. Eso genera en la práctica procesal judicial de los expedientes que el material vaya de un lugar al otro y eso confabula contra la preservación de esos documentos. La digitalización de las causas entonces es clave”, señaló.
Según indicaron a Infobae fuentes judiciales del TOF, la idea es que el caso de La Plata sea un caso testigo para después replicar el mismo mecanismo, a largo plazo, en distintos puntos del país para que todas las causas de lesa humanidad se encuentren digitalizadas y conservadas como documentos históricos.
SEGUIR LEYENDO:
