No es la primera vez que la Cámara de Comercio de Rawson y el intendente del departamento, Rubén García, protagonizan un conflicto. Pero esta vez tiene aristas legales y políticas de peso. Empezó con la firma de un contrato de comodato en el que la Municipalidad cedió una parte del terreno del predio Gaucho José Dolores a otra entidad comercial. Debió interceder el Concejo Deliberante y anularlo. En el medio, concejales de Juntos por el Cambio intervinieron y hasta recibieron el apoyo el bloque del Frente de Todos, salvo de una edil. No parece que sea el final de un disputa, sino el comienzo de más rounds.
La polémica comenzó con la denuncia pública de la Cámara de Comercio de Rawson, dirigida por Marcelo Vargas, por la firma del contrato que da varias ventajas a la Cámara de Comercio Agroindustrial y Turismo, conducida por Gastón Villordo. En rigor, la intendencia otorgó a la segunda institución «el uso y goce» del cuadrante comprendido sobre calle Ramón Franco, entre Calle 4 y 5. El plazo es de dos años y lo ocupan unos 20 food trucks, que tienen prioridad, en el caso de eventos culturales, para las ventas. La idea fue establecer un polo gastronómico con patio cervecero, de nombre Golden Mean. Además, los camiones de comida pagan por adelantado el precio por ocupar la locación en ese tipo de actividades.PUBLICIDAD
Vargas acusó que la asociación de Villordo no tenía personería jurídica al momento de firmar el documento, deslizó que tiene una relación política con el jefe comunal, dejó un halo de sospecha, y apuntó que el contrato presentaba inconsistencias jurídicas. Ante esto, los concejales de Juntos por el Cambio tomaron el guante e hicieron un pedido de informe al municipio. Al recibirlo, encontraron que nunca había obtenido el visto bueno de Asesoría Letrada ni del mismo Concejo. Ergo, es de cuestionable validez. En el cuerpo deliberante se formó una comisión Ad Hoc -conformada por las comisiones de Empleo, Presupuesto, Cultura y Asuntos constitucionales- para discutir la firma del acuerdo. El resultado: dictamen positivo para anular el contrato. Tanto oficialismo como oposición estuvieron de acuerdo.
Este miércoles, en sesión ordinaria, el tema se trató en el orden del día. Quien expuso el dictamen y pidió la votación afirmativa para dar de baja el arreglo fue el jefe del bloque del Frente de Todos, Elio Frack. El cuerpo colegiado acompañó, a excepción de la edil Iris Montaño, que reclamó que se tengan en cuenta los potenciales puestos de trabajo que generaría el arranque del polo gastronómico. Es un duro revés para la intendencia, que motivó el acuerdo desde el principio. Desde el Juntos por el Cambio calificaron la movida como un «error grosero» de García, que aún no está al tanto de la votación. Cabe recordar que se sometió a una cirugía cardíaca en un sanatorio en Buenos Aires.
Naturalmente, el titular de la Cámara de Comercio Agroindustrial y Turismo, salió al cruce de la decisión. Al medio Canal 13 de San Juan dijo: «Se está tratando como algo político no nos interesa saber cuáles son las internas que tengan. Lo que decimos es que paren un poco y se fijen a quien están perjudicando, este es un proyecto que está albergando a más de 100 familias». Sobre este punto, tanto los ediles opositores como Vargas coincidieron en que no es cierta esa cantidad, que en cada camión trabajan «a lo sumo tres personas».
Descontento con la situación, el presidente del Concejo Deliberante -e intendente interino- Juan Carlos Salvadó, se reunió con las autoridades de la Cámara de Comercio del departamento para limar asperezas. El funcionario propuso un plan para fortalecer el sector gastronómico y los comerciantes aceptaron. «Acá queremos gente que venga a invertir, no a currar», dijo Vargas. En frente, Villordo encaró: «Esta Cámara va a dar la pelea para que ustedes -por el Concejo- den las explicaciones por que quieren dejar sin trabajo a 100 familias».
(Fuente: Tiempo de San Juan)
