Apartaron a la AFIP de una causa que investiga si hubo “hostilidad fiscal” contra Cristina Kirchner durante el macrismo

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 Cristina Kirchner y Mercedes Marco del Pont (archivo)
Cristina Kirchner y Mercedes Marco del Pont (archivo)

La AFIP fue apartada como querellante en una causa en donde la víctima es Cristina Kirchner y los investigados son los funcionarios que ocuparon ese ente durante la gestión de Mauricio Macri. Se trata de la denuncia en donde se busca establecer si la hoy vicepresidenta sufrió una persecución fiscal durante los años del macrismo. La decisión fue tomada por los jueces Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, de la Sala I de la Cámara Federal, ante una apelación de la defensa del ex titular de la AFIP Alberto Abad, según el fallo al que accedió Infobae. CFK ya es querellante en la investigación.

La causa se inició tras una presentación de Cristina Kirchner como contribuyente ante la AFIP. La denuncia penal fue promovida por la directora del ente recaudador Mercedes Marcó Del Pont en los tribunales de Comodoro Py en febrero de 2020 y ampliada en diciembre de ese año, tras los resultados de una auditoria.

Allí se reclamaba investigar lo que se entendió fue una suerte de “lawfare fiscal” contra Cristina Kirchner y en donde se apuntó contra los ex jefes de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli por los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita”.

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Cristina Kirchner (Luciano González) (Luciano Gonzalez/)

“La vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros estamentos del Estado”, dijo Marcó del Pont, lo que demostró “una matriz de persecución”, con “prácticas arbitrarias, discriminatorias y violatorias del principio de igualdad”. “Los resultados obtenidos en dos auditorías internas realizadas a lo largo de los últimos meses dan cuenta del ‘hostigamiento fiscal’ experimentado por CFK y sus hijos a lo largo de la presidencia de Mauricio Macri”, sentenció.

La causa quedó radicada en el juzgado federal 11, hoy en manos de Julián Ercolini, y delegada más a la fiscal Paloma Ochoa, algo que generó las quejas de la defensa de Abad. La Cámara Federal rechazó días atrás esa objeción.

Pero además, en primera instancia, el juzgado aceptó a la AFIP como querellante, en base a un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal por entender que “las conductas investigadas habrían sido realizadas en dependencias de la AFIP, por agentes del referido ente que, en ejercicio de su función pública, utilizaron su acceso al sistema informático de base de datos de los contribuyentes del ente recaudador, para ejecutar las maniobras delictivas pesquisadas”.

Pero la defensa de Abad, a cargo del abogado Tomás Farini Duggan, apeló el rol de querellante de la AFIP en el expediente por el estado inicial de las actuaciones. “Lo que en realidad debe determinarse es si la AFIP ha sido ofendida por el delito denunciado y si el organismo fue directamente afectado”, aseguró.

Según la defensa, “la sola afirmación de que los sucesos pesquisados ‘fueron perpetrados por funcionarios en ejercicio, no transforma al órgano recaudador en ofendido’, sobre todo teniendo en cuenta que la propia Agencia reconoció que el estado inicial que transitaba la pesquisa impedía identificar a los posibles involucrados”. La defensa afirmó que en la causa ya está la fiscalía representado al Estado y “se ha presentado como ofendida por el delito la actual Vicepresidenta de la Nación”.

El titular de la AFIP durante el gobierno de Cambiemos, Leandro Cuccioli (NA)
El titular de la AFIP durante el gobierno de Cambiemos, Leandro Cuccioli (NA)

La Cámara Federal le dio la razón al señalar que “para detentar el rol de querellante la norma exige que el peticionante haya sufrido, a raíz del delito denunciado, un perjuicio real, especial singular y directo”. Aquí, la denuncia indica que Cristina Kirchner sí está claro que fue afectada pero lo de la AFIP, como organismo, fue puesto en duda.

“En otras palabras, lo que debe demostrarse es la afectación, de forma inmediata, de un interés o derecho de quien pretende detentar la calidad de parte, escenario que el órgano recaudador no ha logrado presentar. Las circunstancias aludidas por el querellante no permiten, al menos a esta altura de la investigación, acreditar esos extremos”, se añadió.

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