Hasta diciembre del 2020 todas las causas por violar normativas sanitarias relacionadas con el coronavirus eran abordadas por flagrancia. Nueve meses después, las causas pasaron a la Justicia de Faltas. Según explicó en su momento el coordinador del fuero, Pablo Martín, se determinó el cambio porque la enfermedad cambió de fase. La decisión no les cayó bien a todos los jueces de faltas. Horacio Morando, del primer juzgado, se declaró incompetente para abordar todas las causas por fiestas clandestinas y explicó que las mismas deben pasar al fuero penal debido a la naturaleza de la violación.
El 6 de agosto Morando se declaró incompetente y dijo que flagrancia es el fuero que debe hacerse cargo de las causas por fiestas clandestinas. En una resolución indica que no se puede recurrir al artículo 162 del Código de Faltas, inciso L, “para disimular una norma claramente penal”. Dicho artículo establece que aquellos que infrinjan las normas sobre salud pública, sanidad e higiene serán sancionados con pena de multas o arresto. Fue más allá y aseguró que las causas deben recaer en flagrancia porque en casos anteriores se declaró competente.
En el expediente del pasado 6 de agosto, Morando indica: «Declino mi intervención en las presentes actuaciones hacia el fuero penal por no ser competente en razón de que la materia que trata involucra un delito y no un hecho de persecución contravencional”.
Martín explicó con más detalle el por qué del traspaso de este tipo de causas a la justicia contravencional. “No estamos interviniendo por una cuestión de política criminal. Claramente las fiestas clandestinas no están permitidas, incluso ni las juntadas, pero como cambió la fase de la enfermedad y lo dispuesto por el Gobierno, entendemos que hay una cuestión que corresponde a la Justicia de Faltas”, indicó.
La declinación por parte del magistrado llegó tras el arribo de varias actas contravencionales labradas a 21 personas el 25 de junio. Los infractores participaban en una fiesta clandestina en un domicilio ubicado en calle Juan Jufré.
Morando basa su declaración de incompetencia en que las sanciones se determinan en un decreto nacional al que se adhirió la provincia. En dicho decreto aseguró que se establece que quienes violen la normativa sanitaria están cometiendo un delito, razón por la cual los casos deben pasar a la Justicia Penal.
Por último, en el escrito Morando especifica: «La Justicia Penal Provincial es competente para resolver en relación al hecho denunciado, de todo ello se deduce que la Justicia Administrativa de Faltas Provincial no es competente para intervenir en la investigación y juzgamiento de los hechos que se denuncian”.
A la Justicia de Faltas llegan todas las causas por violaciones a la normativa sanitaria vigente. Actualmente dichas contravenciones representan la mitad de las causas que abordan los tres tribunales contravencionales de la Provincia.
