Un fiscal pidió allanar el Arzobispado e investigar a escribana por venta irregular

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La causa en la que un jubilado con problemas psiquiátricos le vendió su casa a la Iglesia avanza con nuevas aristas. El fiscal Carlos Rodríguez pidió una serie de medidas, entre las que se encuentra la de investigar a la escribana en cuya oficina se firmó el boleto de compraventa con el obispo auxiliar Carlos María Domínguez y un contador de la institución. La escribana es Susana Celani, quien quedó en la mira por haberle dado legalidad a la operación comercial, sin que hubiera tenido en cuenta los inconvenientes mentales del vendedor, indicaron fuentes judiciales. No es lo único, ya que el representante del Ministerio Público solicitó el allanamiento del Arzobispado para secuestrar dicho título de transferencia. Además, planteó que el Registro Inmobiliario informe la cantidad de trámites de cesión y transferencias de inmuebles de particulares a favor de la Arquidiócesis en los últimos seis años para tener conocimiento de ese tipo de operatorias, es decir, si hay donaciones o compras, con el fin de poner en contexto el caso bajo sospecha.

La movida del fiscal responde a una ampliación del requerimiento de instrucción que ya había realizado. En su nuevo planteo, imputó a Celani como presunta partícipe de una defraudación agravada, que se denomina «circunvención de incapaces», la cual consiste en abusar de «las necesidades, pasiones o inexperiencia de un incapaz, declarado o no declarado tal, para hacerle firmar un documento que importe cualquier efecto jurídico, en daño de él o de otro, aunque el acto sea civilmente nulo», según establece el Código Penal. Así, solicitó el secuestro del protocolo de la escribanía en la que también se hizo la escritura. En su primer pedido de investigación, Rodríguez puso bajo la lupa al número dos de la Iglesia como supuesto responsable del delito de estafa. Esta última fue una figura penal provisoria, la que puede cambiar a medida que avance la investigación y si se consolidan los elementos incriminatorios.

Los hijos del jubilado, Rubén y Sergio López, pusieron la denuncia y adjuntaron los certificados médicos de dos psiquiatras, los que indicaron que padece de «psicosis esquizofrénica y psicoafectiva crónica». Por eso, el fiscal también solicitó una pericia psiquiátrica para determinar la capacidad mental del hombre de 78 años.

El origen del caso data del 26 de diciembre del año pasado, cuando el jubilado tuvo un episodio de violencia con uno de sus hijos, según trascendió. Fue así que sus familiares iniciaron los trámites para su internación judicial, la que fue dispuesta el 8 de enero por la jueza de Paz de Caucete, Luciana Salvá. Como a los hijos les llegó el dato de que hubo algún movimiento comercial con la casa de su padre, la que además tiene un salón comercial, la magistrada le ordenó el 12 de enero a la escribanía para que informe si el jubilado participó de alguna transacción. Tras una reiteración del pedido el 21 de abril, Celani contestó el 4 de mayo que la venta del inmueble a favor del Arzobispado fue el 30 de diciembre, ante la presencia de Domínguez y un contador, según consta en el expediente. Luego de averiguaciones particulares, los hijos obtuvieron un informe del Registro Inmobiliario que reveló que la negociación fue por 1 millón de pesos, cuando los denunciantes señalan que el costo del inmueble ronda los 10 millones. Además, aseguran que la plata que figura en la escritura no está. El contrato establecía que el jubilado podía usar su casa hasta su fallecimiento.


Más trámites

Los hijos del jubilado encararon un trámite conocido como curatela en el Primer Juzgado de Familia. La medida consiste en la protección del patrimonio de todas aquellas personas incapacitadas de obrar por sí mismas, a través de la figura de un curador. El fiscal pidió la declaración de los psiquiatras que lo revisaron.

(Fuente: Diario de Cuyo)