Juntos por el Cambio llamó a sus diputados a no votar la reforma al Ministerio Público que impulsa el oficialismo

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Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el inicio de la asamblea legislativa (Presidencia)

“Juntos por el Cambio” renovó hoy su denuncia sobre un “plan de impunidad” del kirchnerismo en la Justicia y llamó a sus diputados de ese espacio a no aprobar la reforma del Ministerio Público, que pidió el presidente Alberto Fernández y que ya tiene media sanción en el Senado. El proyecto busca alivianar las mayorías para nombrar un Procurador General y consagrar un nuevo régimen disciplinario para los fiscales denunciados, entre otras cuestiones.

“Resulta de suma importancia pedir a los diputados nacionales que no aprueben este proyecto, reiterando cuáles son los puntos absolutamente inaceptables”, dijeron. “Queda claro que la presión sobre la Justicia en búsqueda de tribunales que dicten decisiones en favor de sus intereses personales, es una prioridad para el Gobierno”.

La afirmación surge de un comunicado elaborado luego de un encuentro que tuvo lugar esta mañana vía Zoom en donde participaron 127 dirigentes, entre ellos 20 diputados, y que auspiciado por la Fundación Pensar, la fundación Alem y la Fundación Hannah Arendt.

La convocatoria se llamaba “Reformas del Ministerio Público, los avances del plan de impunidad” y allí disertaron Ricardo Gil Lavedra, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos; las diputadas Gabriela Burgos, Mariana Stilman y Marcela Campagnoli, el vicepresidente del Consejo de la Magistratura porteño Francisco Quintana y el asesor de ese cuerpo Martín Casares.

Ricardo Gil Lavedra (Adrián Escandar)
Ricardo Gil Lavedra (Adrián Escandar) (Adrian Escandar/)

En el encuentro se puso el foco a la exposición que hizo la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando habló ante los jueces de Casación por una audiencia en la causa dólar futuro y en las palabras del presidente Alberto Fernández en la apertura del año Legislativo cuando “retomó la agenda de embates a la Justicia” diciendo que “el Poder Judicial de la Nación está en crisis”, que “es el único poder que parece vivir en los márgenes del sistema republicano” y que sus sus miembros, jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios) “disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad”.

En ese contexto el jefe de Estado pidió la aprobación de las reformas judicial y del Ministerio Púbico, que tiene el aval del Senado y todavía no fue tratado en la Cámara Baja. “De este modo, el oficialismo lograría designar cientos de nuevos jueces, cambiar al Procurador General de la Nación e intervenir el Ministerio Público Fiscal, afectando seriamente la independencia judicial y división de poderes”, dijeron.

Según los dirigentes de Juntos por el Cambio, “resulta de suma importancia pedir a los diputados nacionales que no aprueben este proyecto, reiterando cuáles son los puntos absolutamente inaceptables”. Y subrayaron: “en particular, el proyecto: elimina la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal, debilita al Procurador General y condiciona a los fiscales, quienes podrán ser rápidamente removidos por un Tribunal de Enjuiciamiento que cuenta con mayoría oficialista”.

Eduardo Casal, procurador interino (Nicolás Stulberg)
Eduardo Casal, procurador interino (Nicolás Stulberg)

“Es menester recordar que el Ministerio Público Fiscal es el responsable de investigar casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado. El Ministerio Público de la Defensa, por su parte, garantiza la defensa en juicio de los imputados y las víctimas de delitos”, señalaron.

Los disertantes también resaltaron que “el proyecto amplía las facultades de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. En efecto, la Comisión pasaría a cogobernar con el Ministerio Público” y “esto configura una injerencia indebida de un poder del Estado sobre otro y es inconstitucional, dado que se contradice con el artículo 120 de la Constitución Nacional que define al Ministerio Público como ‘un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera’”. El proyecto además señala que “dentro de la ampliación de funciones de la Comisión Bicameral, se destaca la posibilidad de elegir al Procurador General interino en caso de vacancia. Es decir, si se aprobara la ley, la Comisión al día siguiente podría desplazar al Procurador General interino, Eduardo Casal, y designar a otro afín al oficialismo”.

En ese sentido, resaltaron, “el Procurador General tiene una gran importancia estratégica, no solo porque es el jefe de los fiscales que investigan y persiguen los delitos, sino también porque en los casos de corrupción es quien interviene ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sosteniendo la acusación frente a los recursos que se presentan”

“La Comisión está siendo utilizada para atacar al Procurador General interino, inmiscuirse en la gestión del Ministerio Público Fiscal, e incluso ha intentado cuestionar investigaciones de fiscales en causas judiciales y procesos disciplinarios, atribuciones que son competencia exclusiva y excluyente del Procurador y los fiscales”, afirmaron.

Los expositores también aseguraron que “el proyecto debilita la figura del Procurador General, puesto que elimina la mayoría necesaria para su designación (dos tercios de la totalidad de los senadores presentes), y reduce el plazo de duración de su mandato”. A su criterio, el sistema de designación actual asegura la selección de “un candidato independiente con idoneidad técnica y moral” y le otorga “mayor consenso y legitimación democrática” para cumplir la relevante función de llevar a cabo la política criminal del Estado y representar los intereses generales de la sociedad.

“Todo ello no puede quedar librado a una mayoría política circunstancial. Debe ser fruto de un amplio consenso –afirmaron-. Si este proyecto de reforma hubiese estado vigente en el 2012, el kirchnerismo podría haber aprobado el pliego de Daniel Reposo, candidato a la Procuración General de la Nación. En ese caso, Reposo hubiese reemplazado a Esteban Righi, quien renunció luego de haber sido presionado por no impedir la investigación a Amado Boudou en el caso Ciccone”.

 Amado Boudou (EFE/ David Fernández/Archivo)
Amado Boudou (EFE/ David Fernández/Archivo)
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Juntos por el Cambio consideró que “el aspecto más peligroso de todo el proyecto es aquel que modifica la integración del Tribunal de Enjuiciamiento de fiscales” y señaló que “esta reforma le garantizaría una mayoría al oficialismo en el organismo facultado para suspender y remover a los fiscales”.

“Si se aprueba este proyecto, el kirchnerismo estará en condiciones de remover a cualquier fiscal que lo incomode con sus investigaciones. Así fue el intento frustrado de destituir al fiscal (José María) Campagnoli (en tiempos de Alejandra Gils Carbó) por haber investigado en el caso que finalmente terminó con la condena de Lázaro Báez, entre otros”, dijeron.

“A su vez, hay que tener en cuenta que en paralelo se está impulsando, con apuro, la aplicación del sistema acusatorio en todo el país. Esto le dará mayor poder a los fiscales sobre las investigaciones federales. Si se aprueba el proyecto de reforma, esto implicará un debilitamiento del Ministerio Público Fiscal, que pasará a ser un anexo del oficialismo, quien avanza sobre un poder que debe ser independiente y tener autonomía funcional. Del mismo modo, el Procurador General dependerá de una Comisión Bicameral del Congreso y los fiscales estarán condicionados en su labor por la posibilidad de ser removidos”, se añadió.

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