Fin del congelamiento de alquileres: para inmobiliarias, 20% de los inquilinos se verán afectados

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El decreto de congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos, que estuvo vigente durante un año, concluye hoy, por lo cual el Gobierno puso en marcha esta semana un protocolo para asistir a las familias con problemas habitacionales.

De esta forma, tras un año de congelamiento de los alquileres, medida que se tomó en el marco de las medidas económicas de emergencia por el coronavirus, a partir de mañana los contratos podrán actualizarse y las familias que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago. En San Juan, la situación vista desde el mercado inmobiliario afectará al 20% del universo de inquilinos.

“La mayoría de los que tuvieron actualización de valores o tenían la oportunidad de renovar contrato en la cuarentena optaron por hacerlo. Y por parte de los propietarios, quienes tienen inquilinos cumplidores o de largo vínculo decidieron conservar el vínculo. Pero lo cierto es que se acentuó la salida del mercado sobre todo de las casas en alquiler para ir a la venta, un mercado menos riesgoso”, señaló el secretario de la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria de San Juan, Mauricio Turell a Diario La Provincia SJ.

Destacó que las actualizaciones de alquileres “rondarán el 30 al 35% y podemos hablar de un precio promedio de $15.000 para un alquiler. Insistimos en que la ley que se sancionó sólo perjudicó a las partes. Los propietarios no quieren perder al ver su alquiler desvalorizado y son muchas las familias que desde este mes tendrán dificultades para encontrar vivienda o tienen que trasladarse a la otra punta de donde viven porque allí hallaron alquiler”.

Acerca de quienes puedan renegociar los aumentos postergados, “en los casos que conocemos, hay voluntad de acuerdo entre las partes y podrán pagarlas de contado en 3 o 6 cuotas”.

Los desalojos, la preocupación

A nivel nacional, esta semana se creó el Protocolo de Riesgo Temprano de Desalojo, con el objetivo de asistir a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento del decreto.

A través de la Resolución 88/2021, se instruyó la elaboración y aprobación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.

Por un lado se recabará información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto 320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones, que congelaron los valores de los alquileres y prohibieron los desalojos, destacó la agencia Telam.

Y por el otro, se arbitrarán los medios necesarios para coordinar acciones de colaboración y cooperación con los entes ejecutores provinciales y locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional, con el fin de abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública.

Para ello, se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.