Son del barrio Conjunto 7 en La Bebida. Algunos dejaron de pagar la cuota porque aducen que con la pandemia se quedaron sin trabajo.
Cerca de 70 familias que viven en el barrio Conjunto 7 en La Bebida, Rivadavia, aseguran que sus casas tienen problemas estructurales. Las mismas son del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y fueron entregadas el pasado 2 de mayo de 2019. Las casas fueron construidas en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas de Techo Digno que lanzó la gestión de Mauricio Macri. Los vecinos comentaron que algunos daños fueron reportados a las autoridades, pero no obtuvieron respuesta. Sin embargo, en el organismo sostienen que deben hacer la denuncia formal.
Deolinda Hernández explicó que las casas no tienen cimiento y cuando intentan clavar un clavo en la pared se les cae el revoque. Además señaló que muchos vecinos sufrieron filtraciones con las últimas lluvias que azotaron la provincia. La mujer está preocupada porque a medida que pasa el tiempo las construcciones se van deteriorando con mayor intensidad.
En ese mismo sentido está Roxana Carrizo. La joven vive en la manzana “F” de ese barrio, pero las condiciones generales de su casa no distan del resto. La mujer comenzó con el cierre perimetral del fondo y descubrió que las columnas estaban corridas del plano original de la obra. Esta situación le fue advertida por un albañil y también decidió hacer el reclamo ante las autoridades debido a que la estructura de su vivienda estaba ladeada.
Marcelo Yornet, director del IPV, explicó que los vecinos deben denunciar esta situación ante el organismo. De ahí se correrá traslado del expediente para que los inspectores hagan las observaciones pertinentes sobre lo estructural.
El funcionario destacó que hay distintas formas de hacer el cimiento, pero dijo que es imposible que una casa no cuente con esto. “Hay distintos tipos de fundación. Ninguna casa puede estar construida sin cimiento, pero varían con respecto a donde están ubicadas esas viviendas”, relató.
El director aseguró que la empresa que construyó las viviendas dio un plazo de seis meses de garantía. En el supuesto de comprobar esas deficiencias técnicas buscarán los medios para saldar esos vicios en la obra. Señaló que tanto las filtraciones como los desmoronamientos no constituyen defectos en la construcción.
Atraso en las cuotas
Muchos vecinos sostienen que perdieron sus puestos de trabajo por la pandemia de coronavirus. Esto derivó en que se atrasaran con las cuotas. Según contó Hilda Susana Cegada esta situación se viene repitiendo desde mayo del año pasado. Actualmente la cuota ronda entre los $4.300 a $5.800, en el caso de los dúplex.
A ese hecho también le sumaron la cuestión estructura que los llevó a no pagar. Cegada solicitó a los directivos del IPV una reducción en el arancel o la confección de un plan de pago para ponerse al día.
Sobre el incumplimiento en las cuotas, Yornet explicó que “una cosa no debe influir con la otra”, es decir, que las familias por más que noten estos defectos estructurales deben seguir cumpliendo con el pago mensual. Sin embargo, relató que pueden realizarles un financiamiento a los particulares que así lo soliciten, pero no será una disminución sino un prorrateo hacia el futuro de ese monto adeudado, es decir, que se estira el plazo de pago y por ende se achica la cuota.
Más seguridad
Otro factor preocupante en esa comunidad es la inseguridad. Relataron que los robos están a la orden del día. Piden al municipio que los asista con una casilla de seguridad para evitar estos hechos ilícitos. A pocos meses de la entrega, los vecinos ya alertaron esta situación y desde la Policía de San Juan contaron en su momento que reforzaron el patrullaje. Sin embargo las familias reconocen que actualmente no hay presencia policial en la zona.
Fuente: Diario Huarpe
