La oposición criticó la derogación del DNU que impedía el ingreso de extranjeros con antecedentes: “Favorece el crimen organizado”

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Patricia Bullrich y Diego Santilli criticaron la decisión de Alberto Fernández (Nicolás Stulberg)
Patricia Bullrich y Diego Santilli criticaron la decisión de Alberto Fernández (Nicolás Stulberg) ((Nicolás Stulberg)/)

Varios de los dirigentes de la oposición reaccionaron rápidamente y con mucha dureza tras conocer la decisión del Gobierno de derogar el decreto de Mauricio Macri que había impuesto controles más estrictos en las fronteras argentinas en 2017 para frenar el ingreso de delincuentes extranjeros que tuvieran antecedentes penales.

Eligieron las redes sociales para expresar su repudio. Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de Macri y presidenta del PRO, fue contundente en Twitter: “El presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos. Al gobierno no le alcanzó con liberar presos propios. Ahora, pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país. Nosotros lo impedimos con un decreto. Ellos lo derogaron”.

Rogelio Frigerio, exministro del Interior de Macri, fue otro de los referentes de Juntos por el Cambio que salió con los tapones de punta en la misma red social: “El gobierno sigue retrocediendo. Con la derogación de este decreto que impulsamos desde el Ministerio del Interior y Migraciones en 2017, lo único que hace el Presidente es favorecer el ingreso irregular al país del crimen organizado, delincuentes y narcos”. En otro tuit agregó: “El decreto 70/2017 aceleraba los procesos de expulsión de extranjeros con antecedentes penales, reduciendo plazos y eliminando instancias, respetando todas las garantías reconocidas internacionalmente (doble instancia, revisión judicial efectiva y patrocinio letrado)”.

El hilo lo continuó con más cuestionamientos: “En consecuencia, aumentaron significativamente las cifras de expulsiones. Por medidas como esta, bajaron durante los cuatro años de nuestro gobierno todos los índices delictuales. Argentina, por tradición, siempre fue un país abierto a la inmigración. En nuestra gestión radicamos casi 800 mil extranjeros. Lo único que genera el gobierno derogando este decreto es abrirle las puertas al crimen organizado”.

Otro referente de Juntos por el Cambio, el vicejefe del Gobierno porteño, Diego Santilli, consignó en Twitter: “Es incomprensible. En vez de pensar en la gente derogan el decreto que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes. El que viene a hacer daño, matar o robar no puede quedarse en la Argentina”.

El diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, también cruzó al gobierno por la medida adoptada: “Este Gobierno dice que lucha contra la delincuencia. Abrirle las puertas a extranjeros con antecedentes penales no fomenta la patria grande sino la inseguridad.”

Además, aseguró que “no hay país en el mundo que permita el ingreso a su territorio de extranjeros con antecedentes penales que intenten eludir a la justicia de sus países de origen, es gravísimo y demuestra que la política de seguridad de este Gobierno abandona a la sociedad y a las victimas. La liberación de presos, la justificación de usurpaciones, la puesta en vigencia de artículos que benefician a corruptos, narcos y condenados por trata de personas y ahora la apertura indiscriminada de fronteras permitiendo el ingreso de delincuentes. Una verdadera política de inseguridad”.

En ese sentido, Petri anticipó que presentará un proyecto junto a Alfredo Cornejo, presidente de la UCR y también diputado nacional, para restablecer “el contenido del decreto derogado por el Gobierno, que prohíba el ingreso y permanencia de extranjeros que delinquen. El Congreso debe poner las cosas en su lugar ante el atropello a la seguridad de los argentinos.”

“Derogar el Decreto 70/17 pone un freno a los procesos de expulsión de los extranjeros que delinquen, garantizándoles su permanencia en el país, delinquiendo. Entre 2016 y 2019 hubo 3 mil expulsiones de personas con causas penales en sus países de origen o en el país”, finalizó el mendocino.

Cristian Ritondo, otro representante importante de Juntos por el Cambio, tuiteó: “Derogar un decreto que beneficiaba a la seguridad nacional es atentar directamente contra los ciudadanos. El Presidente da vía libre a la importación de delincuentes mientras miles de familias sufren las consecuencias del narcotráfico y de la inseguridad”.

La diputada por Córdoba, Soher El Sukaria, del PRO, eligió el mismo medio para expresarse. En Twitter posteó: “Traduzco: A partir de ahora permiten la entrada al país de delincuentes extranjeros y dejan de expulsarlos rápidamente”, y lo acompañó con la foto de una crónica de la agencia oficial Télam donde apareció la noticia.

Rogelio Frigerio es otro de los dirigentes que se expresó sobre el tema. En la foto, junto a Wado de Pedro
Rogelio Frigerio es otro de los dirigentes que se expresó sobre el tema. En la foto, junto a Wado de Pedro

El gobierno de Alberto Fernández le puso punto final a la política migratoria de la gestión de Mauricio Macri mediante la cual se impusieron controles más estrictos para evitar el ingreso de delincuentes extranjeros y se agilizaron los trámites de expulsión de inmigrantes con antecedentes penales. En enero de 2017, Macri y su gabinete habían firmado el Decreto 70 que modificó la Ley de Migraciones. Amparándose en la definición de que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”, se creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad. El argumento en ese entonces radicó en “la duración de los procesos administrativos y judiciales” y en el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario que en 2016 alcanzó al 21,3% de la población carcelaria total, pero que al analizar la cantidad de personas detenidas por narcotráfico, la cifra de inmigrantes subía al 33% en aquel año.

La norma estableció también la prohibición de ingreso a las personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplan condena o tengan antecedentes –tanto en Argentina como el exterior- “por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad” o “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”. La prohibición de ingreso se extendió a quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución. Además, las mismas causas podían ser utilizadas para cancelar las residencias que se hubiesen otorgado “cualquiera fuese su antigüedad”.

El Gobierno explicó que el DNU de Macri modificó “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”. Además de sostener que la política migratoria de Cambiemos no evidenció “mejoras ponderables en otros aspectos”, desde la entrada en vigencia del Decreto 70 en 2017 “se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”.

En marzo del 2018, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal había declarado la “invalidez constitucional” de la mencionada norma por presentar “caracteres regresivos incompatibles con los estándares constitucionales y de derechos humanos vigentes en nuestro ordenamiento jurídico”. En aquella oportunidad el gobierno de Macri recurrió a la Corte Suprema para que se expida al respecto.

Mientras tanto, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, todos ellos de la Organización de las Naciones Unidas, “han expresado su profunda preocupación y han instado al Estado Argentino a derogar dicho decreto”.

El Gobierno argentino consideró necesario derogar el decreto del macrismo, restituyéndose la vigencia de las normas modificadas en 2017. Además se ordenó la creación de una Comisión Asesora de Política Migratoria “que tendrá a su cargo proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871″.

Esta decisión que oficializó hoy el Poder Ejecutivo, ya la venía estudiando desde el año pasado. Encabezados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organizaciones de la sociedad y organismos de derechos humanos le acercaron a principios de 2020 un documento al Gobierno con duros cuestionamientos al decreto de la anterior administración y le solicitaron su derogación “para preservar los derechos de las personas migrantes”.

Al inicio de su mandato Alberto Fernández señaló que dicha norma “lo que hizo fue autorizar expulsiones sin condena, y esto me parece muy peligroso porque se puede convertir en un acto de persecución contra alguna población”.