El Gobierno habla de acuerdo político pero juega al revés: convoca a empresarios y sindicalistas por la inflación y deja afuera a los partidos

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Santiago Cafiero - Martin GuZman - Acuerdo precios y salarios
Santiago Cafiero y Martín Guzmán, al frente de la cita con los principales jefes sindicales del país

El Gobierno aprovechó la primera entrega de las citas sectoriales para dejar en claro que no se buscarían pautas fijas sobre precios y salarios sino más bien compromisos que sirvan como referencia frente a la escalada de la inflación. Desde el punto de vista técnico, el pacto debería ser un renglón importante pero no el único de un programa para enfrentar el fenómeno inflacionario, entendido como problema “multicausal” atacado con medidas “consistentes”, según los dos términos que repite Martín Guzmán. Parece razonable. Lo llamativo es pretender plantearlo como un “acuerdo político” en sí mismo, cuando la lógica es otra: debería ser entendido como consecuencia de un pacto político de la mayor jerarquía. Sin embargo, esa fue la señal a los jefes sindicales que se repetirá seguramente hoy ante los empresarios.

El foco tan cerrado coloca al Gobierno como único actor político. Y el mensaje no se agota allí. Alberto Fernández dio nuevamente señales de avanzar con su proyecto de Consejo Económico y Social, para perfilar medidas de mediano y largo plazo. Una iniciativa que desde el circuito presidencial se reaviva cada tanto como “estratégica”. Se dice que en breve habría decreto. Y fuentes del oficialismo y de sectores cercanos coinciden en que sería presidido por Gustavo Beliz y no por Roberto Lavagna, algo distante. Se verá, pero en cualquier caso la representación política estará restringida al Gobierno. Los convocados serían sectores académicos, empresariales, gremiales. No habría partidos, ni referentes parlamentarios.

Por lo pronto, el Gobierno logró una fórmula ingeniosa y efectiva para su llamado a esta primera etapa de acuerdo para contener precios y salarios. Es decir, para tratar de anclar las expectativas inflacionarias en torno de la pauta del Presupuesto, fijada en el 29%. Hizo las invitaciones de manera individual sin atarse a organizaciones madre en materia sindical y empresarial. Una manera de asegurar presencias y evitar conflictos. Así, en la mesa sindical estuvieron representantes de la conducción de la CGT y su entramado de sustento, moyanistas, independientes y un par de las dos CTA.

El mensaje a los jefes gremiales estuvo concentrado en las paritarias. Se repitió que el Gobierno apuesta a una mejora de dos o tres puntos porcentuales por encima de la inflación de este año -punta a punta-, objetivo que en caso de ser concretado recuperaría la pérdida del 2020. Ese deterioro, según las cifras del Indec, fue más grave para los estatales, un poco menos duro para los privados registrados y nada o al revés para el empleo privado informal. En promedio, tomando todos los segmentos, poco más de 3 puntos debajo de la inflación.

También se insistió con que no habrá techo a las paritarias. En todo caso, el compromiso sería alinearse un poco por encima del objetivo presupuestario. Pero menos difundido, quedó claro que el mecanismo de equilibrio -descartada la cláusula gatillo- sería la inclusión de criterios de revisión. En buena medida, lo adelantó el acuerdo paritario de los bancarios, que anotó el 29% tan deseado, pero con dos revisiones en el último cuatrimestre del año para analizar hasta qué nivel llega la inflación anual. La respuesta, también anticipada y ratificada con la presencia masiva de jefes sindicales, fue un fuerte aval político a la movida del Gobierno. Lo mismo se espera de los principales referentes de empresas. Luego sería el turno por rama de la producción.

Por supuesto que tales gestos, aún medidos en conjunto, no representan la base de un acuerdo político. Es un entendimiento con dirigentes y sectores o corporaciones de peso, no la consecuencia de un compromiso básico de los principales sectores políticos del país -hoy, coaliciones antes que partidos- y expone, al mismo tiempo, un gesto de cierre sobre la interna oficialista, privilegiada por el Presidente como punto de equilibrio.

Los dirigentes de la CGT Héctor Daer y Carlos Acuña y el líder camionero Hugo Moyano, en la primera reunión por el acuerdo de precios y salarios
Héctor Daer, Carlos Acuña y Hugo Moyano en la Casa Rosada. Amplia delegación gremial

Alberto Fernández decidió por sí mismo o por las circunstancias desaprovechar el año pasado varias oportunidades de generar un consenso básico y a la vez superador de la grieta, no del juego de diferencias. Ocurrió en los primeros momentos de la cuarentena, con altos niveles de valoración de su gestión, o luego del trato con los acreedores externos.

La diferencia entre esos momentos y este es notoria. Aquellos cuadros exponían una situación muy crítica pero con la figura de Alberto Fernández en alza. El actual también muestra una realidad económica y social delicada, aunque con mayor desgaste de la valoración sobre el Presidente, con puentes entre oficialismo y oposición rotos o complicados, y con prioridad en el juego de equilibrio interno. Ese cierre sobre la relación con el kirchnerismo duro explicaría o al menos coincide con la definición de acuerdo político para calificar una versión leve de pacto social.

Aún así, por supuesto, el mayor capital que podría generar un acuerdo para frenar la inflación y mejorar los ingresos debería ser medido en términos de confianza. Es una pieza de peso en un marco más amplio que, también como repite el ministro Guzmán, debe exponer líneas macroeconómicas convergentes, en el terreno monetario, cambiario y fiscal. La confianza y la certidumbre incluyen y trascienden a cada medida del Gobierno. Es una construcción. Y hay gestos que acompañan o perjudican.

Ayer mismo, el Presidente recibió a la Mesa de Enlace de las principales entidades agropecuarias. La cita no fue una iniciativa panificada para ampliar la base de entendimientos por sector sino la consecuencia de la advertencia sobre un aumento de las retenciones, con el argumento de evitar el impacto de los precios internacionales en el mercado interno. Mala imagen para un instrumento económico que no debería ser desvalorizado y desvirtuado.

“Si un alumno me dice que las retenciones son una herramienta antiinflacionaria, lo bocho”, ironiza un economista con largo recorrido político en el peronismo. No sería la única señal. ¿La posibilidad de incrementar las retenciones fue una advertencia, un modo de presión? ¿O fue lanzada sin medir consecuencias y ahora hubo marcha atrás, matizada? En cualquier caso, una tensión innecesaria en los tiempos que corren.

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