La educación y la división de poderes son esenciales, estúpido

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EFE/Alberto Valdés
EFE/Alberto Valdés (EFEI0499/)

“Es la economía, estúpido” fue la frase con la que Bill Clinton montó su campaña en 1992 para ganarle al imbatible George Bush padre. El eslogan intentaba decir que lo obvio, la situación económica del país, iba a inclinar el sufragio americano. “Es la economía, estúpido” es una hermosa metáfora para definir lo obvio. El agua moja. Es obvio.

En nuestro país discutimos si el agua moja. Desde hace unos 15 años se postula como un avance de la sociedad que todo es discutible. Como si debatir lo que ya ha sido estudiado, probado, analizado por científicos que han dedicado su vida a un tema fuera un rasgo de progreso “democrático”. Hay un “a mí me parecismo” fatal que, antes que hacernos más ricos intelectualmente, nos empobrece y nos coloca en el retraso en el que, índice aritméticos indiscutibles, está la Argentina periférica y subdesarrollada.

“A mí me parece que la vacuna rusa funciona”, pareció decirse desde las autoridades y desde la militancia K, sin entender que los que reclamábamos sobre el tema no creíamos que el tema fuera un acto de fe, sino un devenir científico como el que por fin publicó esta semana The Lancet. Y enhorabuena que esto haya sucedido. Pero en nuestro país se vacunó sin tener una sola prueba propia del mundo desarrollado sobre la efectividad del procedimiento. Apenas con el convencimiento del “a mí me parecismo”.

La educación es un servicio esencial del Estado. ¿En serio hay que justificar esta obviedad? El kirchnerismo más dogmático (y obsoleto a la hora de poder dar una discusión) acusó a los sostenedores de esta convicción (obvia) de ser neoliberales y mercantilistas. La educación es un derecho, contraponen. Además de obvios son pueriles. ¡Claro que la educación es un derecho de todos! Y por eso mismo, los estados deben garantizar sin discusión que un servicio esencial de educación les dé derecho a todos y todas para acceder a él. ¿Creen de verdad que declamar un derecho sin exigir que el Estado lo garantice es de progreso? Porque no exigir que sea un servicio esencial es librar al que tiene más dinero o fuerza a poder acceder a él. Sostener que es una falacia proponer que las clases sean presenciales (con los protocolos del caso), que no se dicten sólo por capricho o condiciones dictadas por los gremios y, sobre todo, que es temerario proponer como prioridad la educación, no es de izquierda. Es una paparruchada psicobolche desactualizada de los que creen que están en la cima de Sierra Maestra y apenas treparon al piso 30 de Puerto Madero.

Será por eso por estas horas hay que recordar que el agua moja y que la división de poderes es una de las bases de la República. El Presidente de la Nación afirmó en su exposición de ideas ante Página 12 que “la Corte (Suprema de Justicia) está mal” y que “hoy es un tribunal muy poco calificado socialmente”. ¿Qué tal? Agrega en otro párrafo de su discurso que hay un “caso del lawfare por antonomasia y es el de Milagro Sala, que fue perseguida por la justicia jujeña”. ¿No es obvio que se trata de una intromisión flagrante de un poder el estado por sobre el otro?

Para explicar que el agua moja en este tema se podría recurrir a la simulación de ideas o a esas viejas normas jurídicas que proponen los códigos. Por lo primero, ¿qué pasaría si Carlos Rosenkrantz o Ricardo Lorenzetti dijeran mañana que Alberto Fernández es un Presidente muy poco calificado socialmente? ¿O si Ekel Meyer, ministro de la corte Suprema de Jujuy, hablara de flagrante incumplimiento de la palabra presidencial por haber prometido 25 millones de dosis de vacuna rusa para el COVID-19 (que alguna vez se proponía curar con un tecito caliente)? Sería un razonable escándalo institucional. Como lo es con las declaraciones del presidente Fernández.

¿No puede opinar Alberto sobre la Corte? ¿Sabés que no? No puede hacerlo como un ciudadano de a pie porque no es un ciudadano de a pie. Es el máximo funcionario de un estado democrático a cargo de uno de los poderes en donde su “a mí me parecismo” se da de patadas con la seriedad y responsabilidad del cargo. Si opina, es con pruebas jurídicas, con reclamos por los recursos institucionales, con respeto por las normas

La convicción (caprichosa) de un Presidente sobre el respeto social de la Corte no configura incumplimiento de los deberes o delito en ejercicio de la función, únicos extremos que ameritan el juicio político. Si el Presidente cree que hay amañe en las pruebas (frondosas) que condenaron a Milagro Sala, se tiene que presentar por sí o por su Procurador a denunciarlo en el expediente. Si no lo hace, comete otro delito propio del funcionario que no denuncia un ilícito que conoce.

Cualquier estudiante de derecho penal (no hace falta ser profesor de esa cátedra) lo sabe. Si no, es una obvia presión política de talle perfecto para la camisa de la violación de división de poderes. Obvia. Re contra obvia. Porque el agua, moja. Triste momento de la vida democrática si hay que explicar qué pasa con un líquido, que la educación es esencial y que la división de poderes protege con los autoritarismos.

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