La Justicia aceptó la apelación presentada por diputados opositores y Anses. La vicepresidenta había pedido recibir una asignación por su anterior cargo y otra por ser viuda de Néstor.
La decisión del juez subrogante en el tribunal federal número 10 de la Seguridad Social, Ezequiel Pérez Nami, tiene efectos suspensivos sobre su propia decisión de diciembre, por lo que la Vicepresidenta de la Nación cobrará una sola pensión hasta que la Cámara Nacional de la Seguridad Social tome una resolución definitiva.
Los diputados Alfredo Cornejo y Alejandro Cacace realizaron una presentación judicial junto a otros diputados de Juntos por el Cambio, para intervenir como terceros y apelar la resolución judicial por la cual “se le otorgó indebidamente a la Vicepresidente de la Nación una doble asignación vitalicia”.
Cacace destacó que “mientras que el 80% de los jubilados cobra el haber mínimo, de $19.035, la Vicepresidenta obtuvo una resolución favorable para cobrar dos asignaciones mensuales vitalicias, por las cuales no pagará (el impuesto a las) ganancias, además del salario que cobra como Vicepresidenta”.
Una de las pensiones correspondería por haber sido presidenta y otra como pensión derivada de su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, ambas con carácter vitalicio, con intereses retroactivos y sin pagar el Impuesto a las Ganancias.
Los diputados, acompañados por su colegas Luis Petri, Graciela Ocaña, Jimena Latorre y Dolores Martínez, presentaron un escrito para apelar la resolución del juez Ezequiel Pérez Nami y remarcaron que “de acuerdo al artículo 5° de la Ley 24.018 solo le corresponde uno” de los haberes.
“Cristina Kirchner va a cobrar 2 millones de pesos por mes, y 100 millones de retroactivo mientras los ingresos de la gran mayoría de los jubilados depende de una fórmula pensada y diseñada por el Gobierno para desfavorecerlos. La única jubilada favorecida por este gobierno es la Vicepresidenta”, advirtió Cornejo.
Y agregó que “la Justicia resolvió del modo en que lo hizo, en gran parte porque la ANSES no defendió los intereses del Estado como debía hacerlo durante el proceso judicial”.
Fuente: Diario Zonda